La evolución de las políticas migratorias europeas con respecto al norte de África

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Desde 2015, la situación de inmigración irregular en Europa por parte de ciudadanos provenientes de países de Asia Occidental y del norte de África se ha agudizado como consecuencia de la inestabilidad en Siria, Yemen, Libia, Nigeria y otros lugares. En dicho año, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 900 mil inmigrantes y refugiados llegaron a la región, y de acuerdo con la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), más de 1.2 millones de personas solicitaron asilo en la Unión Europea (UE).

De entre las rutas a las que se recurre para llegar al continente, las que existen en el mar Mediterráneo son las más peligrosas. También en 2015 al menos 3,500 personas perdieron la vida en el transcurso del viaje, la mayoría en incidentes de naufragio en esta región. Como resultado, los gobiernos tanto de los países europeos como de los del norte de África han tenido que recurrir a distintas políticas, ya sea para controlar el flujo migratorio o para controlar su impacto social, económico y político. 

Desde entonces, muchas de estas políticas siguen vigentes o se han transformado para adaptarse a los cambios en el fenómeno migratorio y son objeto de estudio por las consecuencias que pudieran tener en todos los ámbitos de la vida de las personas de ambas orillas del mar, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

Entre ambos continentes, de acuerdo con el Consejo Europeo, existen cuatro rutas generales que toman los migrantes irregulares para llegar a las costas del sur de Europa, siendo la del Mediterráneo Occidental y la del Mediterráneo Central las más utilizadas por personas provenientes del norte de África. En este contexto, los países de la región conocida como Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, son los principales países que regulan los cruces en la orilla sur, mientras que España, Italia, Malta y Grecia son los que lo hacen en la orilla norte. 

Las causas de la migración son variadas ya que no solo los ciudadanos de estos países africanos son los que emigran hacia Europa, sino que provienen de muchas otras regiones del resto del continente y que más bien utilizan a estos como lugar de tránsito. Es así que la inestabilidad política y las cuestionables condiciones económicas se podrían considerar como las causas generales de la emigración a gran escala en África (ya sea al interior del continente o hacia otras regiones del mundo, principalmente Europa), las cuales se materializan en golpes de Estado, guerras civiles, insurgencias o luchas de liberación nacional, entre otros fenómenos. Todo esto deriva en inseguridad generalizada y violaciones a derechos y, en el mediano y largo plazo, crean sistemas informales de flujos migratorios hacia regiones más desarrolladas y menos inestables. 

La evolución de las políticas migratorias europeas con respecto al norte de África
Rutas de migración ilegal hacia Europa. Fuente: https://www.espon.eu/topics-policy/publications/maps-month/territorial-and-urban-aspects-migration-and-refugee-inflow

¿Cómo lo ha manejado Europa?

Desde que en 1985 los primeros países firmaron el Acuerdo de Schengen, el cual suprimió los controles fronterizos internos de la Comunidad Económica Europea, hoy la UE, y se estableció el libre movimiento de personas, se facilitó también la inmigración irregular a países no ribereños del mar Mediterráneo, a medida que más Estados se sumaban a él. En la década de 1990, cuando España e Italia establecieron requisitos de visa para entrar a sus territorios, el fenómeno comenzó a profundizarse para establecerse como tendencia desde los primeros años del nuevo siglo. 

En 2015, con la oleada de refugiados, se activó el Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC) con el fin de coordinar políticamente las respuestas ante la situación, restableciéndose los controles fronterizos en muchos países de la UE y estableciéndose nuevos con terceros países como Serbia o Turquía, al tiempo que ocurrían los primeros traslados de migrantes hacia Estados miembros no ribereños del Mediterráneo, como Suecia y Alemania, en el marco del programa de reubicación de la UE. 

En dicho año se creó también el Proceso de La Valeta, el cual estableció un marco para profundizar las acciones para atender la problemática de la inmigración irregular a la región, además de que se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, enfocado en la mejora de oportunidades laborales en el continente, así como en incrementar la resiliencia de las comunidades, mejorar la gestión migratoria y apoyar en la gobernanza y en la prevención de conflictos. 

Para 2020, ya con la pandemia de COVID-19 como eje del escenario internacional, llegó una reducción de la movilidad a nivel global, lo cual afectó a los migrantes irregulares. Esto se hizo evidente en la caída de solicitudes de asilo en el mismo año, con poco más de 470 mil, comparado con las más de 630 mil del 2019, habiendo una reducción de alrededor del 33%, de acuerdo con cifras de la Eurostat y la Comisión Europea.

Actualmente, aunque los flujos migratorios se han nivelado desde 2015, en parte derivado de la emergencia sanitaria, estos concuerdan con la tendencia global de migraciones irregulares al alza. En 2021 las solicitudes de asilo volvieron a subir a un total de 535 mil, poco más de 60 mil que el año anterior, siendo Alemania, Francia y España los países que más las recibieron.

En el caso específico de la migración en el norte de África, en la ruta del Mediterráneo Occidental el país receptor más involucrado es España. Su costa sur, ubicada a 14 kilómetros de distancia de Marruecos, constituye el punto más cercano entre ambos continentes, además de que el país tiene dos pequeños territorios ubicados directamente en la costa norte del país africano, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Tanto Marruecos como Argelia son países de tránsito por esta ruta, la cual alcanzó su máximo de afluencia de migrantes irregulares en 2018. A partir de entonces, el número se ha reducido año con año derivado de las políticas restrictivas del gobierno de Marruecos en el contexto de negociaciones con el gobierno español y la UE, incluyendo la llamada Operación Indalo, comandada por la Agencia Europea de Vigilancia de Costas y Fronteras (Frontex) y cuyo objetivo es reforzar la vigilancia marítima para limitar y supervisar la llegada de inmigrantes irregulares y registrar y detener actividades delictivas como el ingreso de drogas o el tráfico de personas.

Por su parte, los países receptores más involucrados en la ruta Central son Italia y Malta. La costa de Túnez se encuentra a menos de 200 kilómetros al oeste de la isla italiana de Cerdeña, mientras que Malta se ubica a menos de 80 kilómetros al sur de dicha isla y a alrededor de 300 kilómetros de distancia tanto de la costa tunecina como de la de Libia. Desde 2017 y hasta 2019 el uso de esta ruta se redujo, sin embargo, volvió a incrementarse en 2020 como alternativa a la ruta Oriental, derivado del cierre de las fronteras griegas por la pandemia de covid-19. 

En 2016 la Operación SOPHIA inició labores para combatir la trata de personas y mejorar la seguridad en aguas libias. Esta duraría hasta 2020 cuando se implementó la Operación IRINI, cuya misión principal es la de supervisar el embargo de armas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Libia, pero que también lleva a cabo tareas de formación y capacitación de la guardia costera y de la armada libia.

En 2017 se firmó la Declaración de Malta, en la que los países involucrados en esta ruta migratoria se comprometieron a apoyar a las autoridades libias en tareas de vigilancia costera, así como profundizar el apoyo a las comunidades costeras del país, mejorar las condiciones en las que viajan los migrantes de esta ruta e incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico de personas, entre otros puntos. 

En el mismo año se estableció un grupo de trabajo entre la UE, la ONU y la Unión Africana (UA) para profundizar la cooperación en el tema. Finalmente, en el 2019, la UE aprobó cinco nuevos programas enfocados en la migración en el norte de África por un valor de 61.5 millones de euros, los cuales se implementaron bajo el ya mencionado Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África.

Con estas estrategias, la UE espera, en la medida de lo posible, garantizar la seguridad en el continente, regular y supervisar la entrada de inmigrantes irregulares y protegerlos y apoyar para que su tránsito se haga con un enfoque humanitario, todo partiendo de las experiencias aprendidas desde 2015. En este sentido, el resultado más tangible es, indudablemente, la reducción en la llegada de personas en esta situación, pasando de más de un millón en 2015 a poco más de 130 mil en 2021. 

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Autor: Rodrigo Vega
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