De la teoría a la práctica de la Licencia Social para Operar en la Ciudad de México

Mina
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La búsqueda del desarrollo económico ha impulsado la atracción de inversionistas con la adaptación de la legislación federal, esto para implementar proyectos del sector industrial como son los referentes a la minería, el petróleo o a la construcción de viviendas dentro y fuera de áreas urbanizadas en el país.

Cualquier proyecto grande genera cambios que, a veces, traen consigo graves conflictos con los habitantes de las zonas aledañas debido a que llegan a una dinámica social ya establecida, a una rutina y paisaje que ha perdurado el tiempo suficiente para que cualquier modificación incomode a los cercanos. Los cambios se entienden como impactos, mismos que pueden ser positivos o negativos, por ejemplo: causar mayor uso de agua, más descargas al drenaje, incremento de tránsito vehicular, la generación de empleos para los habitantes cercanos o la responsabilidad ambiental durante las distintas etapas del desarrollo de los proyectos. La percepción de los impactos puede variar, algunos impactos permiten, no siempre, la aceptación de las comunidades vecinas.

¿Cómo surge el término Licencia Social para Operar?

Pero esto no siempre ha sido así, en los años 90’s, debido a afectaciones ambientales causados por derrames químicos en proyectos mineros, se presentaron conflictos sociales que repercutieron directamente en la percepción de la industria minera. Jim Cooney, ex Director de Asuntos Internacionales del Banco Mundial, surge como uno de los pioneros del concepto “licencia social para operar” (LSO) en 1997 durante una conferencia del Banco Mundial en Quito, Ecuador [1].  Lo definía como la forma positiva de actuar para recuperar la reputación de la industria a través de la participación de la sociedad. Meses después comenzarían a adoptar este concepto la industria, comunidades y sociedad civil.

Era un hecho que la aceptación de los proyectos mineros no se hacía de forma automática, la importancia de la actividad económica no era suficiente para que el escrutinio público aceptara y, mucho menos, aprobara proyectos de esta índole.

Posteriormente, en el 26a Conferencia anual de la Business Ethics Network (EBEN) celebrada en Lille, Francia, en septiembre del 2013, se destinó el espacio para compartir opiniones, experiencias en el tema de la LSO y la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social. Este espacio permitió acercar un poco más el concepto hacia el resto del mundo [2]. Es importante reconocer que el concepto ha tenido dificultades para ser adoptado y sobre todo para ser aplicado, ya que continúan operando proyectos, en algunos países, únicamente con la licencia de la autoridad correspondiente que permite el inicio de la construcción de proyectos.

Por otra parte, en nuestro país dentro del margen de la evolución del concepto de LSO, tuvimos un caso polémico y coyuntural que permitió generar un acercamiento entre el particular y la sociedad civil interesada; aquel desastre ambiental causado por un derrame minero en 2014 en Cananea, Sonora, que afectó directamente a cuerpos de agua que proveían del líquido vital para la vida a distintas comunidades cercanas causando problemas en la salud de los pobladores y pérdidas económicas para los agricultores [3].

Considerando este suceso, dos años después, a través de protestas y un amparo los pobladores de la comunidad de Bacanuchi, Sonora (vecinos de Cananea), dejaron un precedente poderoso para el derecho de la participación y la consideración de la sociedad en temas del medio ambiente en los futuros megaproyectos de distintas industrias en nuestro país. Debido al reclamo de la no consideración previa por parte de las autorizaciones administrativas para construir y operar una presa de jales (de residuos tóxicos que produce una mina), permitió que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en 2018 que, en efecto, necesitaban ser considerados para participar en el proceso de autorización y consultar a las comunidades adyacentes sobre temas medioambientales [4].

La minería es actualmente la segunda industria más importante de México (detrás del petróleo, pero antes que el turismo) y las actividades relacionadas con la minería continuarán siendo un componente importante del mercado de trabajo mexicano. Imaginemos que las protestas en Sonora hubieran seguido, que los acuerdos no hubieran llegado, que las empresas no hubieran cedido ni aceptado su responsabilidad social ni ambiental y las autoridades desecharan los recursos jurídicos; ese escenario sin aceptación, en el peor de los casos, no generaría derrama económica, desgastaría la confianza en las instituciones y el privilegio del privado afectaría a toda una industria.

La Licencia Social para Operar en la Ciudad de México

Ahora bien, permitámonos entender a la licencia social para operar como un instrumento no tangible para generar la aceptación y la aprobación de proyectos en sus distintas etapas, que deja al sector privado como el principal proveedor de los insumos necesarios para lograrlo, insumos como información técnica ambiental, espacios de diálogo, mecanismos de recepción de opiniones y percepciones que contribuyan a alcanzarla y a disminuir los conflictos sociales derivados de la oposición a un nuevo proyecto.

Mientras que el papel del Estado, en este mismo sentido, es ser el garante del derecho al acceso a la información, a la participación ciudadana y a un medio ambiente sano, este último derecho es una responsabilidad compartida con los ciudadanos, pues en nuestras manos queda la obligación de preservar el medio ambiente para generaciones futuras.

Previamente al proceso para la búsqueda de la licencia social para operar de un proyecto, la empresa necesita conocer las normas sociales, culturares y legales de una comunidad antes de poner en marcha su proyecto. Conocer el contexto sociodemográfico al cual llegará y la forma en la que puede impactarlo. La LSO es aplicable sobre todo en actividades y desarrollos que implican un impacto ambiental.

La búsqueda de la LSO debería estar acompañado de algunos principios básicos como lo son la honestidad, la transparencia de información y en los procesos, el diálogo, el ofrecimiento de respuestas, la consideración de las opiniones en la creación de medidas de prevención y mitigación.

En el caso de la Ciudad de México, capital del país, el concepto LSO ha dejado la exclusividad en el sector minero y ahora ha sido considerado por el Gobierno de la Ciudad e instrumentado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a través del Proceso de Consulta Vecinal Para Grandes Construcciones, que el pasado 17 de diciembre del 2019 fue presentado en conferencia de prensa. La secretaria Marina Robles mencionó que será un proceso para la valoración social de proyectos de más de 10 mil m2 antes de que la autoridad ambiental y urbana emitan una autorización [5].

Se presenta el proyecto ante las personas que se encuentren dentro del área de influencia donde el desarrollador recibe la opinión y percepción de los impactos. A través de un proceso en distintas etapas, se utilizan mecanismos como un sitio web, módulos informativos, diario de amplia circulación para difundir las principales actividades que deberá realizar el promovente, como lo son encuestas, reuniones, talleres o foros temáticos para recabar la opinión, sugerencias o percepción y construir acuerdos.

Este proceso, en el mejor escenario, considera a los vecinos, da certeza jurídica para el desarrollador y genera una licencia social para operar que legitima al proyecto previamente a cualquier autorización de carácter ambiental y urbana. Además, evita conflictos sociales porque en todo momento el proceso es supervisado por la SEDEMA.

Hasta el momento no se conocen públicamente todos los proyectos que han sido sometidos a consulta, la Jefa de Gobierno mencionó en la presentación de este acuerdo que en un inicio se considerarían entre 10 y 15 proyectos. Ahora bien, de estos procesos “prueba y error” se tendrá que aprender para realmente conocer los intereses detrás de cada proyecto, pues la presentación de la generación de residuos, de la generación de empleos y de otros impactos no siempre serán bien recibidos. Los acuerdos construidos se les deberá dar seguimiento para no perder la legitimidad del proyecto ante sus vecinos durante y después del proceso de consulta, porque la licencia social para operar no es constante y en cualquier momento donde se pierda la confianza y el respeto a los acuerdos, será el inicio de un conflicto.

La inversión en la Ciudad de México resulta primordial en época donde la pandemia mundial, causada por un nuevo coronavirus, ha traído consigo una crisis económica de carácter histórico. Es momento para que las instituciones de gobierno promuevan los derechos al medio ambiente sano, a la participación ciudadana y al acceso a la información y, además, realicen un papel firme frente a los particulares que genere la confianza de la sociedad civil y no se quede en un concepto abstracto o como un requisito sin acuerdos para iniciar una construcción. Esto en conjunto de seguir generando un escenario atractivo para invertir.

[1]Robert Boutilier, Licencia Social Para Operar (january 25, 2018) 42.


[2]EDHEC, EDHEC Business School organises the 26th Annual Conference
of the European Business Ethics Network (EBEN), (septiembre 2013).


[3] Centro Nacional de Prevención de Desastres, Desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora, (agosto 6, 2014).


[4] Gloria Díaz, Proceso. La SCJN ampara a habitantes de Bacanuchi, (septiembre 5, 2018).


[5] Gobierno de la CDMX, Conferencia de prensa (diciembre 17, 2019).

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