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Photo: REUTERS, GO NAKAMURA

La supresión del voto en EE.UU.

El mundo atraviesa momentos de incertidumbre mientras observa un suceso clave para el futuro de la política internacional, el proceso electoral estadounidense. Un velo de desconfianza rodea la contienda política de este país por las condiciones sociopolíticas y la postura escéptica de Donald Trump. Las declaraciones hechas por el actual presidente respecto a un posible fraude electoral se interpretan, tal vez por los peor intencionados, como un “mal presagio” ya que mencionar la posibilidad de un fraude, en un contexto social tan convulso como el actual, implica una predisposición bastante conveniente para el republicano.

En el marco del COVID-19, las nuevas medidas sanitarias se hacen presentes en todas las esferas de la vida, incluso de la vida pública, por lo que muchas figuras políticas, incluyendo a Joe Biden, han invitado a los ciudadanos estadounidenses a votar sin poner su salud, ni la de los demás, en riesgo a través del voto por correo. Sin embargo, Donald Trump ha anunciado que el uso de este medio permitirá que las elecciones sean amañadas y que, por lo tanto, se llevase a cabo un fraude. 

Encontrarnos con este tipo de situaciones en las democracias contemporáneas resulta un hecho embarazoso, más no un acontecimiento verdaderamente singular. Para ahondar en ello, basta con mirar a América Latina, una región que nos ofrece una serie de ejemplos en los que el temor, en muchas ocasiones fundamentado, de un fraude electoral ha sido latente y común. Sin embargo, plantear este tipo de escenarios en la política de Estados Unidos hasta cierto punto parece inverosímil.

Ahora bien, aunque la existencia de elecciones ilegítimas no ha sido un problema para este país, dada la solidez de sus instituciones, la incorporación de este escenario hipotético en el discurso no deja de representar un peligro para la democracia. De acuerdo con el reporte del Centro Brennan para la Justicia, las acusaciones de fraude electoral frecuentemente son comprobados como falsos. No obstante, tales denuncias no son hechos fortuitos, se realizan de acuerdo con una agenda y ciertos objetivos muy particulares. Estas demandas son utilizadas para justificar una serie de políticas electorales, como la tramitación de una credencial para poder votar, que, además de ser poco efectiva para erradicar el supuesto problema, terminan por privar de los derechos civiles a votantes legítimos. [1]

El hecho de que el mandatario trate de desalentar y deslegitimar el uso de boletas enviadas por correo, lo cual no es una herramienta novedosa ー el envío de las boletas electorales ha sido una práctica utilizada desde hace cientos de años en este territorio ー en un contexto de pandemia se traduce en una clara intención por disminuir las cifras de participación ciudadana. Esta situación también resulta negligente desde una óptica médica ya que el 42.4% de la población estadounidense presenta factores de riesgo como la obesidad. [2]

Claro está que la democracia estadounidense no es ni cercana a la forma más “perfecta” de gobierno (dentro de las limitaciones de la realidad, de lo humanamente posible) puesto que la supresión de los votos basada en criterios raciales en Estados Unidos es un fenómeno que persiste. La supresión electoral puede entenderse como las formas institucionales en las que se obstaculiza y dificulta el pleno ejercicio de los derechos democráticos de la población.

En este sentido, una de las democracias actuales más relevantes como lo es la estadounidense presenta graves fallas ya que, como lo menciona Norberto Bobbio, en un nivel básico, la democracia de los Estados se mide tomando como referencia quién tiene derecho al sufragio (debido a los objetivos de este texto no elaboraré más en otros criterios para evaluar una democracia). [3]

Esto, visto en los términos de Robert Dahl, significa que los países más inclusivos con su población son considerados más democráticos. Un país que le niega derechos políticos a un grupo étnico específico, como sucede en EE. UU., será menos democrático que otro que no haga exclusiones de ninguna naturaleza. [4]

La supresión del voto estadounidense se encuentra vinculada a un sistema racializado que otorga privilegios a un sector de la sociedad basado en criterios absurdos como la etnicidad o en elementos como el color de piel. Este sistema es un caldo de cultivo para que la desigualdad en cualquier ámbito se geste. Por supuesto, en la arena política persisten y se expresan estas desigualdades a través de las fallas en el proceso electoral.  Con esto se pretende señalar la supresión del voto por motivos raciales, la cual comprende una serie de obstáculos institucionales y una inadecuada planeación de las elecciones.

Dado el contexto histórico de este Estado, en 1965 fue necesario aprobar la Ley de Derecho de Voto (Voting Rights Act), con el fin de evitar que los gobiernos locales y estatales elaboraran leyes o políticas electorales que negaran el derecho a los ciudadanos por su color de piel ni etnicidad. Sin embargo, en junio de 2013, la Suprema Corte modificó disposiciones fundamentales de esta ley, hecho que significó un grave retroceso para la libertad e igualdad política en Estados Unidos.

La desincentivación por parte de los gobiernos locales y estatales del voto afecta a las minorías políticas, personas con discapacidades, adultos mayores y grupos históricamente violentados. Esto se lleva a cabo a través de la implementación de leyes que requieren que el elector cuente con una identificación, la cual, a su vez, implica una serie de prerrequisitos y costos que, se sabe de antemano, no están al alcance de ser cumplidos por algunas comunidades y grupos sociales. De acuerdo con cifras de Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el 25% de los ciudadanos afroamericanos no cuentan con una identificación de este tipo. [5]

De igual manera, otro factor que fomenta el abstencionismo es la asignación inadecuada de recursos electorales, es decir el número de casillas en áreas donde predominantemente habitan minorías políticas o población rural son menores a otras zonas y esto implica que los tiempos de espera para emitir el voto serán mucho más extensos. 

Credit Alyssa Pointer
Foto: Alyssa Pointer

En el día de la elección del 2018, “los votantes latinos esperaron casi 46% más que los votantes blancos y los votantes negros esperaron 45% más, en promedio.” [6] En los últimos días se han llegado a registrar hasta 11 horas de espera. En Atlanta se viralizó un video donde ciudadanos festejan que finalmente lograron emitir su voto.

Aunado a ello, dado que los perfilación criminal tiene una fuerte carga de racismo, la privación de los derechos civiles por antecedentes penales se suma a la lista de factores que disminuyen la participación de comunidades no blancas. Esta privación consiste en negar los derechos políticos a personas que han sido convictas a pesar de ya haber cumplido con la sentencia dictada por lo que tiene “un impacto desproporcionado en comunidades negras y cafés [de color]”. [7] De acuerdo con cifras del The sentencing project, en el 2020 se estimó que 2.2 millones de personas negras en Estados Unidos se ven afectadas por leyes que pretenden disminuir el poder político de esta comunidad.[8]

En el marco de la pandemia, de recientes manifestaciones a causa de la prevalencia de la injusticia y desigualdad basada en la etnicidad, la opinión pública expresa frustración ante la postura del presidente de los Estados Unidos, quien se ha negado a condenar el racismo y las agrupaciones radicales como los Proud Boys, grupo de fomenta un discurso de odio en contra de la población no blanca.

Las elecciones de 2020 verdaderamente constatan que la democracia en EE. UU. tiene graves desafíos institucionales como lo es la asignación adecuada de recursos electorales para evitar que los ciudadanos no blancos esperen hasta 11 horas en fila y la necesidad de derogar leyes que atenten contra comunidades en específico. En una época como la actual, en la que el mundo puede fijar su mirada en cualquier suceso gracias a las redes sociales, se evidencia que la lucha de los ciudadanos estadounidenses, principalmente de las minorías políticas, iniciada hace décadas en busca de la igualdad aún está muy lejos de culminar.

[1] Levitt, Justin. 2007. The Truth About Voter Fraud. Centro Brennan para la Justicia. https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/truth-about-voter-fraud (consultado el 20 de octubre de 2020)

[2] CDS. Ver Centers for Disease Control and Prevention. Overweight & Obesity. https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html (consultado el 22 de octubre de 2020).

[3] Bobbio, Norberto. 1986. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.

[4] Dahl, Robert A. 1972. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

[5] ACLU. Ver American Civil Liberties Union. Oppose voter ID legislation – Fact Sheet. https://www.aclu.org/other/oppose-voter-id-legislation-fact-sheet (consultado el 22 de octubre de 2020)

[6] Klain, Hannah. Morris, Kevin. Feldman, Max y Ayala, Rebecca. Waiting to Vote. 2020. Racial Disparities in Election Day Experiences. Centro Brennan para la Justicia. https://www.brennancenter.org/sites/default/files/2020-06/6_02_WaitingtoVote_FINAL.pdf (consultado el 21 de octubre de 2020)

[7] Uggen, Chris. Larson, Ryan. Shannon, Sarah y Pulido-Nava, Arleth. 2020. Locked Out 2020: Estimates of People Denied Voting Rights Due to a Felony Conviction. The sentencing project. https://www.sentencingproject.org/publications/locked-out-2020-estimates-of-people-denied-voting-rights-due-to-a-felony-conviction/ (consultado el 21 de octubre de 2020)

[8] Íbidem

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