Centroamérica debe reenfocar ambientalmente su seguridad regional.

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Apenas dos semanas después que Eta, la doceava y quinta mayor tormenta de la temporada golpeara la región; el huracán Iota volvía a poner en tela de juicio la estrategia de seguridad regional en el istmo: 91 fallecidos, más de 9 millones de afectados, y $5,500 millones en pérdidas (OPS 2020).

Las causas y consecuencias de los fenómenos extremos no se limitan a las dimensiones coyunturales: se traducen en afectaciones a largo plazo que lisian constantemente la autonomía de los Estados.

En términos de poder, la pérdida de autonomía lleva a una mayor susceptibilidad a las presiones externas -actores o fenómenos-; y a una menor capacidad de inclusión de políticas o temas dentro de la agenda internacional.

Por lo que, tanto en términos de sostenibilidad como de soberanía, abogar por una nueva estrategia de seguridad regional en Centroamérica que identifique amenazas más relevantes como el cambio climático o la adaptación ambiental se vuelve imperativo al son del escenario actual.

El rol de las organizaciones ciudadanas es clave para concretarlo.

Estancamiento.

Desde 1995, la seguridad regional en Centroamérica se ha derivado del Tratado Marco de Seguridad Democrática.

Como un intento para ampliar materialmente la agenda de seguridad en los países centroamericanos luego de brutales conflictos, el acuerdo reconocía la importancia del desarrollo sostenible y las instituciones civiles para sus objetivos.

Y aunque desde los 90s los fenómenos extremos han competido con el crimen organizado y la violencia; son estos últimos dos los que han empujado a las viejas perspectivas de seguridad al norte de la región.

De hecho, a casi 30 años del tratado, el rol de las fuerzas armadas frente a amenazas transnacionales -exceptuando Costa Rica y Panamá- se ha acentuado; preservada actualmente en el resto de América Latina.

Gráfico 1. Gasto militar vs gasto de protección ambiental de 17 gobiernos centrales (en porcentaje del PIB)
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security y la Base de datos de inversión social de la CEPAL (2018) .

Comparando los gastos de protección ambiental y los gastos en Defensa nivel regional [2], las diferencias porcentuales en relación al PIB entre un gasto y otro han sido sobrepasado al 1% durante la última década.

Incluso, bajo los compromisos de la administración Biden para el Triángulo Norte -una de las pocas subregiones que recibirán atención directa- la dinámica se repite; al no mencionarse la vulnerabilidad y la adaptación ambiental entre los planes para la “prosperidad” de la región.

¿Cómo, entonces, se supera esta perspectiva convencional o la falta de conciencia política que afecta directamente a todos los actores y sectores del escenario centroamericano que parece no cambiar?

En primer momento, aceptando la necesidad de un reenfoque de la seguridad nacional desde dentro.

El ex presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Rajendra K. Pachauri, en conversatorio con el Wilson Center, ya discutía la idea de ampliar social y humanamente el concepto de seguridad nacional por medio del prisma ambiental. Explicando:

(…) que la vulnerabilidad económica y la dependencia de recursos juegan un papel clave determinante entre el cambio ambiental y el potencial de periodos de violencia e inseguridad, particularmente, en la población en condición en pobreza de los países subdesarrollados[3].

Gráfico 2. Diferencias en gasto militar y protección ambiental en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 2016.
Fuente: Elaboración propia. Nota: Panamá y Costa Rica no poseen fuerzas armadas. Sin embargo, sus porcentaje de gastos en instituciones de seguridad para 2014 se encontraban entre los más altas de Latinoamérica: 2,68 y 1,71, respectivamente (RESDAL; 2014) Su gasto en protección ambiental alcanzó el 0,42 y 0,12 en 2016.

Únicamente en el caso Honduras, cuyo 48.3% población total se encontraba bajo el umbral de pobreza para antes de la pandemia, los efectos económicos de Eta e Iota se tradujeron en más de $1,879 millones, siendo el sector privado (comercio, vivienda, agropecuario) el más golpeado con el 69% del total de daños (CEPAL).

En este ámbito, la visión del exdirector es plenamente aplicable al caso centroamericano. Más importante: considerando el poco peso específico de la región; el impacto de estos fenómenos se traduce en dependencias a largo plazo.

Esta responsabilidad es demasiada importante como para dejarla recaer únicamente en la plena voluntad de los gobiernos de Centroamérica, cuyas políticas exteriores han sido en su mayoría reactivas e interrumpidas.

Por tanto, fortalecer el trabajo de los actores locales (ciudadanías, organizaciones no gubernamentales y los sectores académicos) a través de la cooperación internacional se vuelve la segunda clave para el reenfoque.

Estas organizaciones de la sociedad civil rivalizan cada vez más como actores internacionales y ejercen una presión de primera mano muy difícil de emular por representantes diplomáticos.

De hecho, debido a su posición geográfica y vulnerabilidad; el pilar de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, luego de la Integración Económica, es el principal receptor de la cooperación de la Unión Europa en Centroamérica con el 29.65 % del total de fondos en ejecución (SICA 2020).

Programas como el EUROCLIMA, apoyado por la AECID, la AFD francesa o la GIZ alemana, representan oportunidades privilegiadas para impulsar la gobernanza ambiental en la subregión.

Con la reorganización del escenario internacional en marcha; el poder se leerá en la capacidad de las regiones para resistir los cambios externos. Esto será determinante para el éxito o fracaso de cualquier estrategia a futuro en Centroamérica u otra región.

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De tomarse estas dos acciones, los Estados miembros del SICA no solo podrían comenzar a enlazar sus políticas exteriores ante una amenaza constante para su seguridad nacional; sino que ayudarían a dinamizar el proceso de integración política.

Las repercusiones de la inacción no afectarán únicamente a los sectores rurales o privados de Centroamérica, también a los países del hemisferio. Por ello, un esfuerzo de estas dimensiones demandará fuerte apoyo interamericano.

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[1] A. Barcena y otros. La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? (Chile: ONU/Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020), 177.
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Gasto en Protección del Medio Ambiente”, CEPAL, https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/indicador/gasto-proteccion-medio-ambiente (consultado el 27 de enero de 2020) e Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo ( SIPRI ), “Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS (consultado el 27 de enero de 2020).
[3] Wilson Center, “Environmental Security: A Developing Country Perspective”, Wilson Center https://www.wilsoncenter.org/event/environmental-security-developing-country-perspective (consultado el 27 de enero de 2020)

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