La protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas: El Proyecto Cártel en América Latina

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Dentro de las múltiples amenazas que enfrenta la democracia en América Latina, la violencia ocupa un lugar central. Informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional ubican a esta región como la más violenta a nivel global y la más peligrosa para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Si bien el riesgo que corren estos sectores de la población varía considerablemente de un país a otro, hay casos alarmantes que requieren especial atención como el de México en relación con la persecución, secuestros, desapariciones y homicidios de periodistas. Según la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 136 periodistas, siendo este país en el más peligroso del mundo para ejercer esa profesión.

Para honrar la memoria de quienes perdieron la vida por su labor informativa, y como resistencia frente a quienes amenazan la libertad de opinión y de expresión, la red internacional Forbidden Stories recientemente hizo el lanzamiento del Proyecto Cártel (The Cartel Project). Integrado por 60 periodistas de 25 medios de México, Estados Unidos y Europa, tiene como misión continuar con el trabajo de personas periodistas que hayan sido amenazadas, censuradas o asesinadas. En el primero de los cinco reportajes que forman parte del proyecto, publicado el 6 de diciembre, se retoma la investigación de Regina Martínez, la periodista del semanario Proceso asesinada en el Estado de Veracruz, México, el 28 de abril de 2012.

Meses antes de su asesinato, Regina Martínez investigaba los vínculos entre organizaciones criminales y el Estado, así como una serie de desapariciones misteriosas en Veracruz, una entidad fuertemente azotada por el crimen organizado, la corrupción y los abusos de poder durante las administraciones de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016), ambos gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El segundo de ellos actualmente se encuentra cumpliendo una condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El reportaje publicado en el portal de Forbidden Stories da cuenta de la difícil situación que atravesaron Martínez y otros colegas suyos de oficio mientras ejercían su profesión. Asimismo, presenta información relevante sobre las irregularidades de la investigación del asesinato ocurrido en el domicilio de la propia periodista, dejando entrever que el gobierno de Duarte alteró la escena del crimen de forma deliberada y fabricó culpables, uno de los cuales confesó el delito luego de haber sido torturado.

Con respecto al trabajo iniciado por Martínez, el reportaje exhibe, por un lado, la corrupción de ambos mandatarios enfocándose principalmente en Fidel Herrera. Sobre este, se muestra la facilidad con que utilizó el cargo para enriquecerse a través de extorciones y coimas recibidas por contratos de obra pública. Para disipar cualquier duda sobre su inexplicable riqueza, Fidel Herrera tuvo la “fortuna” de ganar dos veces la lotería siendo gobernador: en 2008 obtuvo 6.8 millones de dólares y 3.6 millones en 2009.

Por otro lado, se muestra la complicidad entre esa misma administración y el cártel de los Zetas (integrado por exmilitares de élite y considerado en su momento como el más sanguinario y peligroso del país). Los vínculos con redes criminales y de lavado de dinero fueron más allá de su administración y continuaron en Barcelona, ciudad en la que fungió como cónsul de México entre 2015 y 2017, nombrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Durante este último periodo estuvo siendo investigado por la policía catalana.

La protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas: El Proyecto Cártel en América Latina
Fidel Herrera y Javier Duarte en el Carnaval de Veracruz 2013.
Fuente: El País

A pesar de que la investigación del Proyecto Cártel apunta a la comisión de varios delitos y la responsabilidad de los exgobernadores, ministerios públicos, policías y juzgados, persiste la falta de castigo hacia los principales responsables. A la violencia en contra del gremio periodístico -y de la población en su conjunto- se suma la impunidad. A lo largo de las últimas tres décadas la delincuencia organizada ha sido capaz de corromper a gran parte de la cúpula política del país, del Poder Judicial y de las fuerzas encargadas de mantener la seguridad. Esta red de corrupción también es de complicidad y mutua protección. Esto explica por qué México tiene los índices de impunidad más altos de América Latina y por qué personajes como Fidel Herrera continúan en libertad.

Iniciativas como la de Forbidden Stories son indispensables en democracias poco desarrolladas y en regímenes autoritarios caracterizados por escenarios de excesiva violencia proveniente de grupos delincuenciales y por persecuciones, represión y violaciones de derechos humanos cometidos por los Estados. Más allá de estos regímenes, son necesarias en democracias avanzadas para hacer frente a los abusos de las grandes corporaciones (empresas de tecnología, de explotación de recursos naturales, farmacéuticas, medios de comunicación, refresqueras, entre muchas otras) y de los gobiernos que persiguen y censuran bajo distintos argumentos como, por ejemplo, salvaguardar la seguridad nacional.

El trabajo de Forbidden Stories nos recuerda la importancia de mantener no solo el legado de quienes han defendido las libertades de opinión y expresión, sino de continuar con el trabajo que iniciaron y que se vio interrumpido al incomodar a gobiernos, personas o grupos de poder legales e ilegales. Quienes asesinaron a Regina Martínez tomaron, además de su vida, los avances de su investigación. El mensaje lo entendieron otros periodistas que abandonaron el Estado, los “indeseables”, como llegaron a autodenominarse quienes estuvieron en la lista negra del gobierno. Frente a esta barbarie el lema de la red internacional es contundente: “Mataron al mensajero. No matarán el mensaje”.

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