¿Qué retrocesos traerá el COVID-19 en pobreza, desigualdad y movilidad social?

La llegada del COVID-19 en el mes de febrero y el posterior aumento del número de casos dentro del territorio mexicano obligó a detener diversos sectores de la economía debido a la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual ha consistido en una estricta política de confinamiento en pro de salvaguardar la mayor cantidad de vidas, expandir la capacidad del sistema de salud y mitigar el aumento de los contagios.

La pandemia llegó en un contexto de profundas desigualdades económicas y de género. Al igual que una muy baja movilidad social. El año pasado, el desempeño económico medido como porcentaje del PIB tuvo pésimos resultados con una caída del 0,1% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sumado a una agresiva política de austeridad llevada a cabo por el gobierno en turno y la nula convicción en la vida pública sobre la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva que otorgue los recursos para reducir las desigualdades y fomentar la movilidad social mediante un estado del bienestar robusto.[1]

La crisis económica causada por el confinamiento obligatorio amenaza los esfuerzos de varias décadas en el combate a la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se deparan los siguientes efectos económicos a consecuencia de la pandemia: la tasa de desempleo aumentará entre un 3.3% y 5.3%; el total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementará entre 8.9 y 9.8 millones de personas y; el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará entre 6.1 y 10.7 millones de personas.[2]

Estos datos alarmantes prevén las severas consecuencias que podría tener en la movilidad social de las próximas generaciones en los grupos más desfavorecidos de la población. Entre los más pobres, podrían agregarse todavía más pobres. Tomando como base los datos presentados en la ESRU-EMOVI 2017 donde se afirma que, únicamente, el 2% de los nacidos en el primer quintil (los más desfavorecidos), alcanza el nivel más alto en la escala social durante su vida. El incremento en las cifras de pobreza que prevé el CONEVAL dificultará la tarea de brindar mayor igualdad de oportunidades.

Otro punto de vista de los retrocesos que plantea esta crisis lo observamos en la cima de la pirámide. A nivel regional Susana Ruiz nos plantea que, derivado de la crisis económica provocada por el COVID-19, en América Latina han surgido 8 nuevos multimillonarios —personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares— y las personas más ricas han aumentado su fortuna en US$ 48,200 millones desde que comenzó el confinamiento en marzo de 2020.[3]

En la discusión pública se habla sobre el actuar del presente gobierno ya sea mediante sus acciones u omisiones. Se discute la dicotomía entre salud y economía. Viridiana Ríos nos comenta en su artículo “Los pobres primero, pero al panteón” que el 71% de los fallecidos por COVID-19 cuentan con un nivel de educación de secundaria o menos.[4] Desde el gobierno no se implementaron apoyos económicos para que los más desfavorecidos pudieran cumplir las medidas de distanciamiento social.

Poco se ha hablado de las cifras ya mencionadas sobre pobreza o empleo. Se requieren acciones enérgicas para mitigar los efectos de la crisis y, evitar un retroceso mayor en materia de desigualdad. Las soluciones aún son posibles: un ingreso universal acompañado de una expansión en la recaudación fiscal o contraer deuda por 2% del PIB. Como se vio en Grecia durante la crisis del 2008, la austeridad en estos tiempos es una mala decisión que termina afectando a los que menos tienen.