Cruces rosas de Ciudad Juárez a Santiago: un breve análisis de los feminicidios a nivel regional

En América Latina las noticias prometen diariamente anunciar la muerte de al menos una mujer o niña a manos de la violencia de género. Conforme se acumulan un sinfín de nombres comenzamos a olvidarlos, son tantas que perdemos la cuenta. Algunas se recuerdan con cruces rosas, otras con pintas que existen justicia y unas aún esperan ser encontradas.

Un feminicidio se distingue de un homicidio doloso porque involucra delitos con razones de género previos a la muerte de la mujer. Esto es, que para que un crimen sea considerado feminicidio debe haber indicadores de abuso sexual o físico y en la mayoría de los casos una relación previa con la víctima. En América Latina, únicamente nueve países reconocen el feminicidio como un crimen distintivo, diferenciándolo de un homicidio con agravantes. Entre estos países, existen importantes diferencias sobre cuándo un asesinato es considerado un feminicidio, diferencias que existen incluso entre sus niveles federales y estales, departamentales o provinciales, según sea el caso.

Aun con definiciones y legislaciones distintas, los feminicidios alrededor del mundo se caracterizan por tener un mismo elemento: relaciones dispares de poder basadas en sociedades predominantemente patriarcales. Para entender el feminicidio debemos comenzar por comprender qué es la violencia de género contra la mujer, al ser este crimen su manifestación más grave. No toda violencia ejercida contra la mujer debe ser catalogada como violencia de género. Pues la violencia de género se distingue de otras formas de violencia pues tiene su origen en la desigualdad de género, la relación asimétrica de poder y la existencia y prevalencia de estructuras y normas machistas o sexistas.[1] Esto es, si una mujer es asesinada con un arma de fuego en un atraco, será un crimen violento mas no un crimen contra la mujer basado en género. Por el contrario si una mujer es asesinada a manos de su ex pareja, es probable que este crimen no sea solo considerado como violencia de género sino como un feminicidio.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (“UNODC”), hasta 2018, América Latina era la segunda región con más feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en el mundo, África encabezando la lista.[2] Hasta ese momento se registraba un feminicidio cada dos horas y media en los países latinoamericanos. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe (“CEPAL”) en 2019 se registraron 4,640 feminicidios en 23 países de la región.[3] Comprender estas cifras usualmente conduce a un análisis del contexto individual de los países, incluyendo el impacto de la violencia de género, las legislaciones específicas y el comportamiento de sus líderes.

El caso mexicano

México es uno de los países más mortales para ser mujer. Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 2020 se registraron 940 feminicidios en México, siendo Chihuahua, Baja California y Nuevo León los estados con más registros. Esta cifra contrasta con aquella publicada por activistas como María Salguero en Feminicidios.mx, la cual asciende a más de 1,250 feminicidios.[4] Según el informe de violencia feminicida en México presentado por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres en diciembre 2020, la edad más peligrosa para ser mujer en México es de entre los 20 y 29 años, dado el marcado aumento en el número de feminicidios en 2019 contra mujeres de este rango de edad.[5] De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y febrero 2021 se han registrado 142 feminicidios en México.

En México, la violencia feminicida es un concepto que se incorporó al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, que la define como:

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.[6]

El feminicidio se tipificó como un delito autónomo en México en 2012 en el Código Penal Federal. Sin embargo, el feminicidio se trata de un delito del fuero común, esto es que se persigue a nivel local y federal por lo que cada entidad federativa ha llevado a cabo su propio proceso de tipificación que ha sido definido de distintas maneras; en los códigos penales locales se han establecido objetivos y sanciones diferentes.[7] Los criterios para que un asesinato sea considerado como feminicidio contemplados a nivel federal por las 32 entidades del país son: que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo; que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Mapa de feminicidios elaborado por María Salguero. Captura de pantalla

El aumento en el número de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres en años recientes ha provocado la indignación de miles de mujeres quienes han tomado las calles en múltiples ocasiones para protestar las políticas laxas respecto a la persecución de dichos delitos, la falta de recursos invertidos en temas de género y la evidente impunidad. En lo que va del 2021 se han registrado más de seis movilizaciones a nivel nacional para protestar contra la violencia de género y los feminicidios, siendo las del 8 y 29 de Marzo las más multitudinarias.[8]

El caso brasileño

Brasil es el país de América Latina con mayor número de feminicidios registrados en los últimos años. Tan solo en el primer semestre de 2020 de acuerdo con el Anuario Brasileño de Seguridad Pública se registraron 648 feminicidios en Brasil, 1.9% más que en el mismo periodo del 2019, siendo Sao Paulo y Minas Gerais los estados con el mayor número.[9]

En Brasil, el asesinato de mujeres en contextos marcados por la desigualdad de género se convirtió en 2015 en un delito grave sancionado bajo la Ley no. 13.104/2015 de su Código Penal.[10] Específicamente se define al feminicidio como “el asesinato contra las mujeres por razones de condición femenina [que involucren] violencia doméstica y familiar; desprecio o discriminación a la condición de mujer.”[11]

De acuerdo con Prado y Sanematsu, la propuesta de ley inicialmente definía feminicidio como la forma extrema de violencia de género que resultaba en la muerte de la mujer, sin embargo ésta se fue transformando con el objetivo de dar directrices más exactas a las instituciones de justicia que perseguirían dichos delitos. Según un documento elaborado conjuntamente por ONU Mujeres y el gobierno brasileño en 2016, será posible identificar “razones de género” no solo en los escenarios comúnmente definidos en otros países –como lo son la intimidad entre la víctima y el agresor o la relación familiar que podrían tener – sino también en los siguientes tipos de asesinato:[12]

• Infantil: muerte de una niña con menos de 14 años de edad por un hombre en una relación de poder o responsabilidad con la víctima.
• Por conexión: muerte de una mujer que está en la misma línea, puesto o lugar que otra que es asesinada, trátese de una amiga, familiar o extraña.
• Sexual sistémico: muerte de mujeres que han sido previamente secuestradas, violadas, abusadas o torturadas, sea de manera organizada o desorganizada.
• Por prostitución o ocupación estigmatizadas: asesinato de una mujer que ejerce el trabajo sexual u ocupaciones como stripper, edecán, masajista o bailarina noctura cometida por uno o varios hombres.
• Por tráfico de personas/contrabando de personas: muertes de mujeres producidas en una situación de tráfico de personas o contrabando de personas migrantes.
• Transfóbico: asesinato de una mujer transgénero o transexual por su identidad de género, odio o rechazo.
• Lesbofóbico: muerte de una mujer por su orientación sexual, odio o rechazo.
• Racista: asesinato de una mujer por rechazo a su origen étnico, racial o sus razgos fenotípicos.

Sobre el caso brasileño, la socióloga Eleonora Menicucci establece que el feminicidio “no constituye un evento aislado, repentino o inesperado. Al contrario, forma parte de un proceso continuo de violencias, cuyas raíces misóginas se caracterizan por el uso de violencia extrema. Incluyendo una vasta gama de abusos, desde verbales, físicos y sexuales como el estupro, hasta diversas formas de mutilación y tortura.”[13] Este proceso de violencias no es exclusivo a lo que sucede en Brasil, sino que define cómo es que los feminicidios se desarrollan a lo largo de la región y el mundo.

El caso chileno

En 2019 las mujeres chilenas sacudieron a todo el mundo con la protesta y performance organizada por la colectiva Las Tesis conocida como “Un violador en tu camino”. Dicha demostración surgió después del suicidio de una joven quien fue violada y cuyo agresor no fue puesto en prisión, sin embargo se convirtió en el himno de cambio no solo para Chile sino para el resto de América Latina. Específicamente en el país sudamericano, las demostraciones en contra de la violencia de género provocaron una reforma a la Ley de femicidios de 2010, ahora conocida como Ley Gabriela, en alusión al asesinato de una mujer y su madre en 2018 cuyo agresor libró la prisión al no tener una relación familiar consanguínea o conyugal con las víctimas.

Fue en 2010 cuando el feminicidio, llamado femicidio en Chile, se incorporó como delito al Código Penal bajo la Ley 20480 como “el homicidio de una mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen”. De acuerdo con la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, esta definición original de femicidio

no recoge el sentido real del femicidio, debido a que lo reduce a las relaciones de familia, desconociendo aquellos asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a las mismas causas: misoginia, sometimiento, opresión, desprecio por la vida de las mujeres, búsqueda de control de su sexualidad y capacidad reproductiva. Es así como quedan fuera de la ley las mujeres y niñas violadas y asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes y los crímenes de odio a lesbianas.[14]

Tras el impacto del caso de Gabriela y su madre, se enfatizó sobre la importancia de tener mejores y más claras regulaciones en materia de género. La reforma al Código Penal Chileno modificó las consideraciones iniciales de la Ley de Femicidios para ahora ampliarse y considerar que “si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. [Así como] el que, con ocasión de violación, cometiere además homicidio en una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio.” Esto es, que mientras existan razones de género aun sin haber un parentesco con la víctima, se considerará como un feminicidio. Adicionalmente, se considerará que habrán agravantes en las siguientes circunstancias:[15]

• La víctima se encuentre embarazada.
• La víctima fuera una niña o una adolescente menor de dieciocho años de edad, una mujer adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad.
• Cuando se haya dado muerte a la víctima en presencia de sus ascendientes o descendientes.
• Cuando fuese perpetrado en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima.

Aun con las recientes reformas a las leyes chilenas, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de la Mujer se registraron 131 víctimas de feminicidio en Chile y tan solo en 2020 se registraron 151 feminicidios frustrados. Si bien esta cifra no es comparable con países como México o Brasil, es importante resaltar el papel de la sociedad civil en la modificación de las leyes chilenas y la ampliación de la definición de feminicidio.

Reflexiones finales

En México los esfuerzos para la atención y erradicación del feminicidio no han sido nulos pero su establecimiento aún se dificulta por la falta de priorización, recursos y el desprendimiento por parte de la política de comportamientos patriarcales. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció en 2021 que las coordinaciones estatales han implementado capacitaciones a policías, la creación de cuerpo especializado de atención integrado por mujeres, y la elaboración de protocolo de atención de violencia feminicida.[16]

Los homicidios dolosos o aquellos catalogados como “crímenes pasionales” no son reconocidos como feminicidios por cuestiones políticas, partidistas y una falta de perspectiva de género en las fuerzas policiales y de justicia quienes erran en el análisis de la evidencia. Sea México o el resto de América Latina, la violencia de género y el feminicidio están profundamente influenciados por intereses políticos, por administraciones que buscan ocultar cuánto le han fallado a sus mujeres, gobiernos que temen por una malla reputación y por la falta de perspectiva de género que continua culpando a las víctimas y colocando abusadores en el poder.

Sea Brasil con el Presidente Jair Bolsonaro expresándose misóginamente acerca de las mujeres brasileñas[17]; México con candidatos a gubernaturas acusados por abuso sexual y violación, como Félix Salgado Macedonio[18]; o Chile con represiones gubernamentales a activistas y manifestantes, la violencia de género se trata de una cuestión estructural y sistémica. Aun cuando legalmente se hagan importantes reformas respecto a la persecución de los feminicidios y crímenes contra la mujer, hasta que no cesen los gobiernos y cacicazgos regidos por figuras patriarcales, los feminicidios en la región continuarán en aumento. Lo que comenzó siendo un desierto de cruces rosas en Ciudad Juárez, extiende ahora como un llano repleto de altares e injusticia.