El problema de ser mujer en Papúa Nueva Guinea

Las diversas violaciones a derechos humanos en Papúa Nueva Guinea han sido un tema de atención en los últimos años. Con frecuencia, estas tienen como objetivo a las mujeres y los defensores de derechos humanos que habitan el país. La situación se ha vuelto cada vez más grave y generalizada, por lo que las Naciones Unidas (ONU), en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales, han presionado al gobierno papú para garantizar la protección de todas las personas y el cumplimiento de su responsabilidad internacional.

De acuerdo con la BBC, alrededor de dos tercios de la población femenina en Papúa Nueva Guinea ha sufrido violencia física y sexual por parte de sus parejas (2018). Lo anterior, sumado a las creencias y prácticas sistemáticas que benefician exclusivamente a los hombres, colocan al país oceánico como uno de los más peligrosos en el mundo para las mujeres.

Por otro lado, a pesar de la existencia de un Acta de Protección Familiar que entró en vigor desde 2013 y que ofrece la posibilidad de denunciar situaciones de violencia, con penas que van desde multas, órdenes de protección o hasta 2 años de cárcel, la mayor parte de las víctimas no toman acciones legales en contra de sus violentadores (Putt & Canan, 2021). Asimismo, persiste en el país una cultura machista que normaliza las agresiones hacía la mujer. Un ejemplo de ello son los llamados “raskols”, un grupo criminal que admite abiertamente conductas violentas incluyendo el abuso sexual.

Aunado a lo anterior, en Papúa Nueva Guinea la brujería, conocida como “sanguma” en el idioma criollo papú Tok Pisin, era considerada ilegal desde 1971, lo que afectaba directamente a las mujeres. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), estas cuentan con seis veces más posibilidades que los hombres de ser inculpadas por dicho delito (Penchaszadeh, 2011).

Aun cuando la ley fue derogada en 2013, se registran al año alrededor de 400 casos de violencia relacionados con acusaciones de brujería, especialmente contra mujeres y niñas. El proceso suele ser simple, regularmente después de la muerte inesperada de algún miembro de la familia se contrata a un “Glasman”, en masculino o una “Glasmeri”, en femenino, los cuales fungen como testigos para identificar y confirmar al señalado de practicar hechicería (NU, 2022). Con la llegada de la pandemia, estos casos aumentaron, debido principalmente a la escasez de servicios de salud adecuados, lo que generaba muertes “repentinas” (BBC News, 2021).

Las costumbres y creencias son un factor determinante para las posibles penas que obtendrá la persona marcada como bruja o hechicero. Sobre todo en algunas regiones de las Tierras Altas, es común la punición en grupo sin algún tipo de prueba o juicio, basada exclusivamente en la especulación. Con probables castigos que incluyen la tortura y la muerte, las mujeres mayores pertenecientes a comunidades pobres son las víctimas más comunes (Platino, 2022).

Como respuesta a ello, el gobierno papú creó en 2021 un comité parlamentario sobre la violencia de género, esperando reducir el problema. Adicionalmente, se expusieron cifras que muestran el número de agresiones relacionadas con acusaciones de brujería del año 2000 al 2020, las cuales ascienden a 6000 (Platino, 2022). A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y activistas en favor de los derechos de las mujeres en Papúa Nueva Guinea, la situación parece ir en aumento.

Los defensores de derechos humanos, otro blanco común

Como se mencionó anteriormente, no sólo las mujeres y las niñas son víctimas de violencia en el país océanico, los defensores de derechos humanos son frecuentemente privados de la libertad, amenazados e incluso asesinados por la labor que realizan. Lo anterior, puede atribuirse a la creencia de su interferencia con las prácticas llevadas a cabo por las comunidades locales, sobre todo en casos de brujería.

Es por ello que la ONU, en conjunto con la Unión Europea, por medio de una iniciativa denominada Spotlight, propusieron una legislación que plantea la protección de las mujeres así como de los defensores de derechos humanos. Uno de los logros más significativos de este proyecto es el aumento a las sanciones para aquellos que utilicen los servicios de los Glasman y las Glasmeri, con multas que llegan hasta las 10,000 kinas (alrededor de 2,800 dólares americanos) (ONU, 2022).

Asimismo, la presencia de grupos defensores de derechos humanos son cada vez más comunes en Papúa Nueva Guinea. Estos tienen como objetivo principal la creación de un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, siempre a favor de la consolidación de la paz en el país (Penchaszadeh, 2011). A pesar de los grandes avances que se han obtenido, las numerosas amenazas que enfrentan los y las activistas suponen un riesgo latente para dicho sistema.

Para las mujeres, un grupo históricamente vulnerable, resulta fundamental la salvaguarda que el gobierno papú pueda proporcionarles, asegurando su bienestar sobre todo en casos de violencia. De igual manera, aquellas personas determinadas a defender los derechos humanos deben contar con el apoyo de las autoridades correspondientes para la protección de su integridad física, al tiempo que se generan los vínculos y espacios necesarios para un diálogo que conlleve posibles soluciones a uno de los problemas más graves dentro de Papúa Nueva Guinea.