¿En dónde tienen las mujeres más representación dentro del poder legislativo?

¿Qué es la paridad de género?

La paridad de género es la “participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social)”[1]; este equilibrio busca representar de mejor manera a la población de determinado país y tomar en cuenta los intereses de las mujeres en la elaboración de política pública.

En la actualidad, este índice también se usa para medir la democracia de los países, por lo que su importancia también recae en este ámbito. **“**En definitiva, la implementación del principio de paridad contribuye a garantizar el principio de igualdad, promueve un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en los asuntos públicos y garantiza la legitimidad democrática de los espacios de decisión”[2]

Las razones por las que este concepto es importante se acotan en 3 pilares:[3]

1. Democracia paritaria:

Para que una democracia sea plena esta debe ser incluyente con las mujeres (y los sectores socialmente marginalizados. Además del derecho al voto, las mujeres deben tener el derecho a ser elegidas para desempeñar cargos ejecutivos, legislativos y judiciales.

2. Desigualdad:

La falta de representatividad repercute en la elaboración de políticas públicas que no toman en consideración las condiciones ni necesidades particulares de este sector de la población, contribuyendo a la invisibilización de las problemáticas sociales, económicas y políticas de las mujeres. Es importante aclarar que la paridad de género contribuye a lo anteriormente mencionado, pero es necesario que existan condiciones institucionales adecuadas y una agenda pública coherente con este objetivo.

3. Relaciones de poder:

Como las teorías feministas han demostrado, las relaciones de poder ejercidas con base en el género (hombre en la cima jerárquica) en la esfera privada se reflejan en la pública. La presencia de la mujer en cargos gubernamentales y en organizaciones internacionales contribuye a la ruptura de los roles de género que históricamente han obstaculizado el desarrollo pleno de las capacidades y habilidades de las mujeres.

A nivel internacional se ha impulsado una agenda en la que la consolidación de la paridad de género ha sido prioridad. La Convención sobre los Derechos de la Mujer de 1952, fue el primer instrumento que reconoce el derecho de las mujeres a la participación política. Posteriormente, en 1985 se elaboró la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Por medio de estos instrumentos, los Estados se comprometieron a eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, por supuesto, incluyendo el político.[4]

Paridad de género en América Latina:

La región latinoamericana es la región más desigual del mundo.[5] Esto también se refleja en el plano de la paridad de género en el ámbito legislativo; por un lado, tenemos a países como Cuba, Bolivia, México o Costa Rica cuyo porcentaje de mujeres en el parlamento sobrepasan el 40% y, por el otro lado, tenemos a países como Haití, con apenas un 2.5%.

Un balance general arroja que la mayoría de los países de América Latina ha tenido un modesto avance en su proceso de construcción de una sociedad más equitativa. Si se hace un ejercicio comparativo con los datos del año 2010 y 2019 (incluyendo: Antigua y Barbudas, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, Suriname, Dominica y Guyana), se podrá encontrar un incremento regional del 8.1%, un progreso considerable. Sin embargo, es un hecho que la paridad de género en el ámbito político y legislativo aún no es una realidad.

Paridad de género en México:

En el caso específico de México, la paridad de género es un principio constitucional y, en los últimos años, ha tenido importantes avances en esta materia. Como se observa en el mapa, México es uno de los países en los que casi se cumple la paridad de género, encontramos que el 48.2% de los miembros del legislativo corresponde a cargos de mujeres. Al mismo tiempo, es preciso mencionar que en los congresos locales del país existe una regla de paridad de género que “funciona como un mecanismo de igualdad política y se debe orientar a reducir las brechas más importante entre mujeres y hombres”.[6]

Pese a lo anterior, persisten importantes brechas por cerrar en el país, por ejemplo, a finales del 2020, solo el 22% de los municipios y alcaldías eran gobernados por mujeres.[7] A pesar de que estas son las cifras más altas registradas en la historia de México, aún representan un porcentaje muy inferior al de los cargos ocupados por hombres.

No obstante, el caso de México es particularmente especial porque, aunque en la actualidad el gobierno casi logra la paridad de género en el gabinete[8], el gobierno, que en principio adoptó un discurso incluyente con la agenda feminista, ha abandonado la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas y ha limitado la incidencia de las mujeres en cargos públicos hasta el punto en el que estas se ven orilladas a dimitir.

Conclusiones:

La paridad de género en el ámbito legislativo es sumamente importante para que ciertos temas se discutan y se legisle sobre ellos; gracias a las mujeres en las cámaras se ha podido legislar sobre el acceso al aborto, las tareas de cuidados, las brechas salariales, entre otras problemáticas. No obstante, es necesario ser cuidadosos y cuidadosas porque, como ya se mencionó, la paridad de género en las cámaras por sí misma no garantiza que las necesidades y demandas de las mujeres sean tomadas en cuenta, como lo demuestra el caso mexicano.

Datos:

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL.