2021, un nuevo ciclo electoral en América Latina: es momento de evitar que las elecciones estén en venta

En plena crisis económica y social ocasionada por el virus SARS-CoV 2, este 2021 se celebrarán procesos electorales cruciales en América Latina. En Chile, Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua se renueva el Poder Ejecutivo y en algunos de estos países también el Legislativo. En Argentina y México se renovará parte del Poder Legislativo Federal. Además, en Chile habrá elección de Asamblea Constituyente como resultado del plebiscito de 2020.

Para algunos analistas el destino de los comicios podría definirse no solo en las urnas sino en las calles. Argumento nada ajeno a la realidad: las protestas en Chile dieron origen al plebiscito constitucional y en Ecuador lograron la derogación del decreto que generó el alza a los combustibles. Si bien la protesta es un recurso con potencial para cambiar el destino de un país, es imperativo velar por que las próximas elecciones sean libres, imparciales y competitivas, considerando la grave situación y las consecuencias de una crisis institucional poselectoral.

En Honduras y Nicaragua existe riesgo de fraude electoral por la intervención de las administraciones de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, respectivamente. Perú enfrenta el reto de recuperar la estabilidad luego de la crisis política del año pasado marcada por escándalos de corrupción. Además, en todos los países que celebran elecciones partidos y candidatos recurren a distintas estrategias para persuadir, manipular o (des)movilizar electores. Una de las prácticas más perjudiciales para la democracia -y extendida, aunque en diferente magnitud- es la compra de votos. ¿Cuándo y por qué tiene lugar?, ¿cuáles son sus consecuencias? En el siguiente espacio, y de forma resumida, daré respuesta a estos interrogantes.

La compra del voto, entendida como la distribución contingente de beneficios particulares otorgados a un individuo o grupo de personas a cambio de su voto en periodos electorales, tiende a presentarse con mayor frecuencia en democracias no consolidadas o de reciente creación donde la presencia del Estado es mínima o inexistente y/o donde las instituciones políticas son débiles. La baja o nula presencia del Estado genera vacíos de poder que son cubiertos por otros actores (grupos político-económicos, delincuencia organizada, grupos insurgentes, etc.) quienes reemplazan al Estado en algunos roles de su competencia exclusiva -como la seguridad pública-. La debilidad institucional, por su parte, promueve desconfianza ciudadana y refuerza el uso de prácticas informales e ilegales.

En tales contextos, gran parte de las demandas ciudadanas no obtienen respuesta de las autoridades competentes, sino de “patrones” (políticos o empresarios) que atienden necesidades y hacen favores a través de una red de intermediarios. La ayuda generalmente es condicionada o se pide a cambio de apoyo político-electoral. La compra de votos va más allá de esta lógica de intercambios personales y particulares que no necesariamente son ilegales. Los compradores de votos se aprovechan de las deficiencias institucionales, la corrupción y la impunidad. En ese sentido, si los partidos perciben que la compra de votos es más eficaz que otras formas de manipulación electoral, entonces optarán por priorizarla.

De igual manera, las condiciones estructurales influyen en la compra del voto, siendo la pobreza uno de los principales factores. Desde la perspectiva de los compradores es más rentable corromper a una persona de escasos recursos que a una de ingresos medios o altos. Esto representa más votos con menos dinero. Del lado de la demanda sucede algo similar: para la población de bajos recursos la utilidad marginal por la venta de su voto es mayor que para la de ingresos medios o altos.

Otro elemento vinculado al cuándo tiene lugar la compra de voto está relacionado con la capacidad de control y vigilancia de parte de los partidos políticos para garantizar el cumplimiento de los electores. La compra de votos es más efectiva si los partidos cuentan con instrumentos para monitorear cómo vota la población. Cuando se monitorea el comportamiento de los electores, partidos y candidatos minimizan las pérdidas de los recursos invertidos, dando solución al problema agente-principal (principal-agent problem). El monitoreo sobre el agente, que en este caso es el elector, resulta una manera eficaz de influir sobre su decisión.

Respecto a las consecuencias la lista incluye tanto aspectos normativos como prácticos. En primer lugar, las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas pierden utilidad práctica. El ciudadano que vende el sufragio y vota por quien le indica el comprador no juzga con base en la experiencia, la gestión al frente del gobierno o la propuesta de partidos y candidatos. Peor aún, se pierde la oportunidad de que las demandas de un grupo de la población -el que decidió vender el voto- sean incorporadas en la agenda política y por lo general son las demandas de las poblaciones más vulnerables las que dejan de ser escuchadas.

En segundo lugar, la compra de votos genera incentivos erróneos. Por un lado, los políticos que obtienen un cargo de elección popular a partir de dicha práctica no son los mejores cualificados. Por otro lado, para esos políticos es poco atractivo formular políticas programáticas y ser responsables de sus actos, al contrario, el político preferirá compensar a sus bases de apoyo financiero destinándoles recursos o asignándoles contratos.

Por último, la compra de votos va acompañada de otros delitos electorales. El dinero para comprar votos es un recurso no declarado ya que está siendo utilizado para una actividad ilegal. Los partidos que recurren a esta estrategia muy probablemente exceden los topes de campaña. Un tercer delito estaría vinculado al origen del dinero, cuya procedencia más común son los aportes de empresarios y el desvío de recursos públicos. Todo el dinero ingresado en la campaña que tiene como finalidad la manipulación del elector genera inequidad en la contienda.

Ante una crisis económica sin parangón, en los comicios de este 2021 es necesario proteger el sufragio de amenazas provenientes de gobiernos, candidatos y partidos políticos. Para quienes acostumbran a recurrir a la compra de votos el escenario no podía ser mejor, pues se estima que en la región el número de pobres aumentará en más de 40 millones. A nivel macro, una manera de combatir este fenómeno es mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, una hazaña casi imposible en plena contingencia. No obstante, los grandes cambios surgen de la suma de pequeñas acciones. Los ciudadanos a nivel individual pueden hacer frente a este problema y mejorar la calidad de la democracia, para ello es primordial la toma de conciencia. Tener claro que la compra de voto mantiene los privilegios y agudiza las desigualdades sociales.