Factores geopolíticos para entender la crisis en Colombia

Convocados por sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales, el 28 de abril, se iniciaron varias manifestaciones en Colombia para rechazar un proyecto de ley de reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso. Entre los puntos que causaron mayor polémica se encuentra el aumento del impuesto al valor agregado de los alimentos básicos y de los servicios públicos y funerarios.

A pesar de los toques de queda en varias ciudades debido a la pandemia de coronavirus, han estallado violentos enfrentamientos nocturnos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El 2 de mayo, desde el inicio del paro nacional, la ONG Temblores habían registrado ya 21 muertos por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El mismo día, el presidente Duque solicitó al Congreso que retirara la reforma tributaria y solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto tributario con los distintos sectores del país.

Las manifestaciones continuaron debido al descontento social expresado en las marchas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, que ha crecido desde entonces. El 3 de mayo, la Defensoría del Pueblo solicitó investigar la muerte de 19 personas en el marco de las protestas. Transportistas y camioneros se sumaron al paro, bloqueando varias carreteras nacionales y caminos de acceso a las principales ciudades del país. Al día siguiente, 4 de mayo, dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el presidente nombró a José Manuel Restrepo, entonces ministro de Comercio, para el cargo.

El día más violento del paro fue el 4 de mayo, cuando hubo 46 heridos en Bogotá entre policías y civiles, más de 100 autobuses vandalizados y alrededor de 25 comisarías incendiadas, una cuando los agentes aún se encontraban dentro. El 5 de mayo, la Defensoría del Pueblo actualizó sus datos con 24 muertos y 89 desaparecidos, no obstante se especuló la cifra de 37 muertes a manos de la policía y el registro de 1.708 casos de violencia policial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Estados Unidos, entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido al gobierno colombiano que tome medidas para detener los ataques.

Ante esto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el gobierno no tolera el abuso policial ni el vandalismo; mientras que la canciller Claudia Blum afirmó que el Estado colombiano está comprometido con la protección de los derechos humanos. Se espera que Duque se reúna con el Comité Nacional de Paro para dialogar el 10 de mayo sobre las demandas clave del pueblo.

Inestabilidad en el gobierno de Duque

El 2020 terminó siendo un año pobre en términos de crecimiento económico. Colombia entró oficialmente en recesión en el tercer trimestre, luego de dos períodos consecutivos de contracción (-15,8% en el segundo trimestre y -8,5% en el tercer trimestre). Aunque logremos ver el comienzo del fin de la pandemia a fines de año, con los primeros anuncios del éxito y la administración de la vacuna en los Estados Unidos y el Reino Unido, se espera que demore de 3 a 6 meses para que el país asegure las dosis para la mayoría de la población.

El año 2021 comenzó con grandes expectativas sobre el enfoque del gobierno colombiano ante las protestas y el movimiento que comenzaron en noviembre de 2019 y la propuesta de "Conversación Nacional". Además, el cambio de gabinete que tuvo lugar desde mediados de enero hasta febrero (con la intención de mejorar la imagen del gobierno del presidente Duque) podría interpretarse por parte de sus simpatizantes como una reacción positiva de parte del Presidente, quien se mueve con rapidez para reaccionar ante los acontecimientos; o un símbolo de improvisación, para sus críticos, quienes vieron en las acciones del presidente nerviosismo ante la más difícil situación que atraviesa el país. Parecía que las sesiones legislativas, que habrían comenzado en marzo, serían donde Colombia finalmente podría debatir temas estructurales como la reforma laboral y de pensiones, para cerrar brechas de competitividad y abordar algunos de los problemas que dejaron a medias las reformas anteriores. El gobierno contaba con la reforma fiscal aprobada en 2019 para convertirse en el argumento central para que muchos inversores internacionales aprovecharan las oportunidades que ofrece el país y contribuyeran a las ambiciosas metas de crecimiento del PIB del 4,6% que se había fijado. Sin embargo, el COVID-19 cambió esos planes y obligó al país a cambiar su agenda política, económica y social.

Desafíos geopolíticos

• Respuesta al COVID-19: El gobierno ha tenido que trabajar para asegurar que haya suficientes dosis de vacunas para inmunizar a la mayoría de la población y estar preparado para enfrentar los desafíos logísticos y de cadena de valor que esto implicará. Al mismo tiempo, las tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales han sido más evidentes luego de un año de restricciones y cuarentenas. El gobierno también ha optado por continuar con su programa de asistencia económica para seguir impulsando la demanda agregada que se ha visto afectada por el desempleo.

• Gestión de la política económica y fiscal: Las agencias de calificación han sido claras: el gobierno debe mejorar su posición de ingresos para mantener el grado de inversión. Esto implica decisiones políticas difíciles, ya que el debate se centró en la venta de activos estatales, la reforma fiscal y la reforma de las pensiones para superar los desafíos estructurales del presupuesto nacional. Todo esto depende de la agenda política y de cómo el gobierno ha tratado con la legislatura en el primer semestre de 2021. Retrasar las reformas significa que se producirán ajustes económicos significativos en el período previo a las elecciones de 2022 y probablemente darán una ventaja a la oposición.

• Inicio de la campaña electoral 2022: Si bien la campaña electoral para presidente comenzó a finales de 2020, el inicio oficial del período preelectoral es en 2021. La aprobación del presidente está jugando un papel determinante en la viabilidad de los candidatos de la coalición para que triunfe el proyecto político actual y mantener una posición dominante en el Congreso. Sin embargo, el pobre desempeño económico, la respuesta al COVID-19 y la situación de seguridad dañan los intereses de los gobernantes y avivan las campañas políticas de los oponentes. El papel del sector empresarial también influye en la opinión política sobre el modelo económico del país.

• Mitigar los riesgos del cambio climático: El 2020 estuvo marcado por desastres naturales que han impactado el funcionamiento de la economía local en lugares como San Andrés y Providencia, Chocó y Bolívar. Esto coloca al ambientalismo en el centro de la agenda política, especialmente porque es una prioridad para la administración entrante de Estados Unidos. Los temas centrales de discusión incluirán la deforestación, la transición energética, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. Es probable que la crisis climática que se experimentó en 2020 continúe a lo largo del año a menos que se produzcan cambios pronto.

• Desafíos de la política exterior: Una nueva administración presidencial en los EE.UU. está significando cambios de fondo y forma de la relación bilateral entre EE.UU. y Colombia. Aunque los principales problemas seguirán siendo el tráfico de drogas, el comercio y la estrategia hacia Venezuela, está claro que la administración de Biden está haciendo cambios en la forma en que Estados Unidos aborda estos problemas. El gobierno de Colombia y la oposición venezolana tienen pocas opciones diplomáticas y económicas para influir en el cambio de régimen en Venezuela, ya que Maduro consolidó su control sobre el país después de las elecciones de la Asamblea Nacional, y cualquier acción que tomen dependerá de la colaboración con Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Colombia y América Latina siguen siendo una pieza central de las estrategias geopolíticas tanto de Estados Unidos como de China.

• Los desafíos de Seguridad e implementación del Acuerdo de Paz: No hay duda de que el fin de la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) despertó el interés de muchos inversionistas internacionales en Colombia. En la mente de muchos, Colombia dejó atrás décadas de violencia, que abrió numerosas oportunidades en diferentes sectores como infraestructura, minería, petróleo y gas, tecnología, agricultura, turismo y servicios, una gran parte de ellos ubicados en los municipios más afectados por el conflicto. Sin embargo, el deterioro de la situación de seguridad en las zonas rurales y la expansión del control territorial por parte de diversos grupos armados organizados ha provocado un aumento en el número de homicidios de excombatientes y líderes territoriales desde la firma del Acuerdo de Paz. La falta de garantías estatales en materia de seguridad para excombatientes y habitantes de los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pone en peligro el proceso de paz y deteriora la confianza de los inversionistas.

Este es un momento difícil para Colombia. Si bien todas las principales economías de América Latina se vieron gravemente afectadas por el COVID-19, Colombia continúa lidiando con una crisis política interna, aunado con problemas como la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, el deterioro paulatino de la situación de seguridad en zonas urbanas y rurales, y el narcotráfico.