El plan de asilo del Reino Unido con Ruanda: una violación a los derechos humanos del migrante

Reino Unido, un Estado unitario ubicado al noroeste de Europa, a lo largo de las décadas ha sido el principal destino para migrantes que provienen del sur de Asia, África central y la misma Europa, quienes se encuentran en búsqueda de una mejor calidad de vida que no pueden obtener en su país de origen.

En los últimos años, Reino Unido ha recibido grandes olas de inmigrantes, no fue hasta el año 2022 cuando la inmigración alcanzó un nuevo récord en la región, rondando en los 1.2 millones de personas, así es como, la reducción de esta, pasó a ser uno de los principales objetivos de la agenda nacional. Para ello, el Partido Conservador ha propuesto una serie de reformas que han definido la política exterior migratoria del Reino Unido en los últimos dos años.

Acuerdo de inmigración con Ruanda

Con la meta de disminuir la cantidad de migrantes provenientes de África central, específicamente de Ruanda, El Reino Unido y el Estado centroafricano, firmaron un acuerdo definiendo que los migrantes que cruzaran el Canal de la Mancha en balsas o pequeñas embarcaciones -sin importar su nacionalidad-, serían enviados de regreso directamente a su país de procedencia sin oportunidad de presentar una solicitud de asilo ni poder ser candidatos a una estancia ya sea temporal o permanente.

El objetivo principal de dicha propuesta de ley, consiste en detener los barcos de inmigrantes no documentados ni autorizados que buscan ingresar al Reino Unido; se promete que la deportación persuadirá a los inmigrantes y que estos eviten poner en riesgo su vida en viajes inseguros, así como mitigar el tráfico de personas. Para ello, Gran Bretaña ha prometido a Ruanda una compensación por 470 millones de dólares como parte del mismo acuerdo y cuyos fondos serán destinados a la reubicación de los inmigrantes deportados y en apoyo al crecimiento económico del país.

Pese a la oposición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ha buscado frenar la propuesta, con 320 votos a favor y 276 en contra, el pasado 17 de enero del presente año, la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley para expulsar a inmigrantes a Ruanda, no obstante, es necesaria la aprobación de la cámara alta, la Cámara de Lores para que la propuesta pueda ser positivizada y puesta en marcha.

Una violación a los Derechos Humanos del Migrante

El proyecto inicialmente propuesto por el ex ministro Boris Johnson y precedida por Rishi Sunak, actual primer ministro, ha sido bastante polémico y criticado, especialmente por organismos enfocados a la protección de Derechos Humanos, por Naciones Unidas, por los mismos órganos jurídicos e incluso por la iglesia anglicana, quienes argumentan que se trata de una violación al Derecho Internacional y específicamente a los Derechos Humanos del Migrante. Pero ¿específicamente por qué se trata de una violación a los Derechos Humanos del Migrante?

En primera instancia, de acuerdo con los fundamentos del Derechos Internacional y de diversos mecanismos, pedir asilo, es un Derecho Humano. En el presente contexto, un refugiado tiene el derecho a solicitar asilo como parte del protocolo que deben seguir los Estados receptores. De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, con el objetivo de asegurar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de los refugiados, se establece como parte del protocolo, que todo refugiado tiene el derecho de solicitar asilo , el Estado receptor esta obligado a llevar a cabo la solicitud (concederlo), no obstante, no está obligado a otorgarlo, ni a declarar por qué lo niega. Reino Unido es Estado parte de la convención desde 1954.

Con base a lo anterior, pese a que los Estados receptores tienen la facultad de negar el asilo, están sujetos a proceder con la solicitud, acción omitida en la propuesta de ley de Reino Unido puesto que no se les da la oportunidad a los inmigrantes de poder presentar su solicitud.

Así mismo, uno de los principios más importantes de dicha convención es el principio de no devolución, por lo tanto, se establece que ningún Estado contratante podrá, ya sea por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre. Sin embargo, la misma ley cuenta con algunos vacíos y/o ambigüedades que pudieran ser contradictorias. La misma convención establece que el país receptor puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país siempre y cuando este sea considerado como “seguro”.

Pese a las distintas acusaciones hacia el país centroafricano por violación de Derechos Humanos, Reino Unido ha clasificado a Ruanda como “tercer país seguro”, un término recurrentemente utilizado por los países desarrollados de las regiones de América del Norte y Europa Occidental para impedir el advenimiento de migrantes que buscan refugio en dichos países receptores.

El término anterior ha sido la clave para que Reino Unido, en aplicación de una medida cautelar¹, pueda continuar con el proceso de aprobación de ley en donde se busca la devolución y/o deportación de inmigrantes provenientes de Ruanda, a pesar de las distintas acusaciones y oposiciones por ser un mecanismo que vulnera en mayor medida, los derechos humanos del migrante.