Miles de mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan al desamparo institucional ante el posible cierre de las CAMIS

Las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMIS) han sido espacios creados con el objetivo de brindar atención y apoyo médico, psicológico y legal a las mujeres indígenas y afromexicanas. La labor social de las CAMIS se basa en una agenda amplia que incorpora temas concernientes a la salud reproductiva, prevención de la violencia de género y obstétrica, derechos humanos, derechos político-electorales y agrarios de las mujeres indígenas y afromexicanas.

“Las Casas de la Mujer Indígena son operadas por organizaciones y/o grupos de trabajo integrados en su totalidad por mujeres indígenas formadas y especializadas […] que trabajan de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como instancia financiadora y responsable de la transversalidad en la atención pública a la población indígena.”[1]

La labor de las CAMIS es de suma importancia ya que, aunado al contexto de marginalización institucional todavía muy evidente para las comunidades indígenas en México, las mujeres de este sector de la población son objeto de una serie de violencias vinculadas a su condición de género.

De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta el año de 2017, el número de CAMIS establecidas en 16 estados de la república mexicana fue de 31. Estas se encuentran ubicadas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.[2]

Ante el contexto actual del país, el día 23 de abril de 2020 se anunció en el Diario Oficial de la Federación un recorte del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.

Estas medidas de austeridad, implementadas por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de controlar las repercusiones provocadas por la crisis del Covid-19, afectan de manera sustancial a las Casas de la Mujer Indígena ya que estas se ven obligadas a realizar sus funciones utilizando únicamente el 25% del presupuesto habitual.

Esta decisión va en contra del enfoque social que en un principio caracterizó la agenda política del gobierno federal y afecta directamente a uno de los sectores en condición de mayor vulnerabilidad en México. Este tipo de acciones, en conjunto con las frecuentes declaraciones públicas del presidente mexicano, enfatiza la importancia de atender los problemas sociales con una perspectiva de género que permita garantizar los derechos humanos las mujeres indígenas y afromexicanas.

Las declaraciones del fundador del partido Morena en materia de violencia de género que invalidan problemas reales son una clara expresión de la cultura machista que permea en la sociedad mexicana. Es realmente preocupante que una figura política como lo es el presidente de México romantice estereotipos basados en el género, los roles de subordinación femenina dentro de los núcleos familiares y pretenda atacar la violencia de género con consejos moralistas.

El recorte presupuestal representa un grave retroceso para las metas alcanzadas hasta ahora por instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Estas instancias han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y afromexicanas de manera activa.

Ante la aparente falta de consonancia entre las agendas de dichas instituciones con las de la actual administración, las titulares de la CONAVIM, CONAPRED, CEAV y la subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud han solicitado su renuncia. Es posible que dichas renuncias se deban a la clara renuencia y falta de interés que el presidente Andrés Manuel López expresa de manera pública en referencia al trabajo de estas instituciones. Aunado a eso, resulta naturalmente complejo desempeñar las funciones públicas y el cumplimiento de los objetivos ante la falta de presupuesto.

Ahora bien, sin contemplar el contexto de emergencia derivado del Covid-19, el panorama general de las comunidades indígenas y afromexicanas en el país evidencia los grandes retos que esta administración y las siguientes enfrentan para garantizar los derechos humanos y políticos de un grupo que históricamente ha sido invisibilizado y ha sido objeto de políticas negligentes.

La situación actual de las comunidades indígenas y afromexicanas es particularmente preocupante en el ámbito de la salud ya que la mayoría se encuentran en localidades que carecen de la infraestructura, personal capacitado e insumos necesarios para atender dignamente a las personas que solicitan atención médica. Rodolfo Stavenhagen explica que “los indígenas no solamente tienen menor acceso a las instituciones sociales y económicas de desarrollo y bienestar, sino también cuando lo tienen, los resultados para ellos son inferiores al resto de la población.”[3]

Como producto de las omisiones y de la falta de determinación institucional, desde hace décadas la población indígena en México se encuentra en situación de pobreza. Tan sólo en el año 2010 el el 46.2% de la población indígena se encontraba en situación de pobreza, mientras que otro 10.4% en situación de extrema pobreza. [4] Aunado a esto, las condiciones en las que las comunidades indígenas y afromexicanas se encuentran se complejizan debido a la carencia de servicios básicos como el agua entubada, drenaje, instalaciones para usar combustible de gas natural en las viviendas y seguridad social.

Es importante atender este tipo de urgencias sociales e institucionales con una perspectiva de género ya que, de acuerdo con el censo de 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 6.9 millones de personas “Hablantes de Lengua Indígena“, el 50.86% son mujeres.[5] Esto implica que, en adición a las carencias generales de las que esta comunidad es sujeto, la condición de género suma otra serie de violencias y discriminaciones particulares.

En este sentido, Aída Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), hace una crítica tajante al mandatario mexicano al señalar que “según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte […], sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su protección.” [6]

Las mujeres indígenas y afromexicanas se encuentran en situación de vulnerabilidad ante cualquier tipo de emergencia sanitaria a la vez que son sujeto de violencia. A pesar de que el presidente de México intente desacreditar un problema tan grave como lo es la violencia de género, es un hecho que han aumentado considerablemente las llamadas al 911 por motivos de violencia doméstica como consecuencia de las medidas de confinamiento tomadas para controlar la propagación del virus.

Según información recopilada por el INEGI en el año 2013, 27 de cada 100 de las mujeres Hablantes de Lengua Indígena declararon haber sido agredidas por su pareja.[7] A partir de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas del 2008, la organización Equis: Justicia para Mujeres identificó que en el ámbito de pareja los 3 tipos de violencia más frecuentes para las mujeres indígenas son: la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia física.[8]

Fuente: Equis: Justicia para mujeres, con base en ENSADEMI, 2008.

En adición a esto, existe una clara falta de acceso a las instituciones de salud y las mujeres indígenas y afromexicanas no cuentan con seguridad social. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 19.0% de los afroindígenas no cuentan con una afiliación que les brinde acceso a los servicios de salud y quienes sí cuentan con ella, en su mayoría son hombres (19.8%, mientras que las mujeres con acceso a este tipo de servicio solo alcanzan un 16.3%).[9]

Ahora bien, es necesario señalar que la población indígena y afromexicana que sí tiene acceso a los servicios de salud es víctima de abusos, negligencias y omisiones por parte del personal médico de las instituciones de salud. “El panorama de la situación del derecho a la salud en las regiones indígenas es desolador, […] existe una gran discriminación por parte del personal médico en las comunidades hacia las personas indígenas y hacia la lengua que hablan; hay una constante falta de medicamentos en los centros de salud […] falta de conocimiento sobre a dónde pueden dirigir las demandas y quejas de las situaciones que pasan en su comunidad”[10]

En el caso de las mujeres indígenas, esta situación es particularmente frecuente cuando se trata de atención ginecológica. Este fenómeno propio del ámbito médico “es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género." [11] La discriminación hacia este sector de la población y la violación de sus derechos humanos y derechos de la mujer alcanzan magnitudes intolerables dentro de los centros de salud como producto de una lógica patriarcal que ha sido institucionalizada y replicada por el personal.

En México es común que la atención médica a mujeres indígenas antes, durante y después del embarazo sea acompañado de malos tratos y negligencias médicas que ponen en riesgo la vida de la mujer y su hijx. Existen muchísimos casos en los cuales las madres tienen que dar a luz en espacios totalmente inadecuados e insalubres, como el exterior de los centros de salud, porque se les niega el acceso o el personal médico abusa de su autoridad y coloca dispositivos anticonceptivos sin previa notificación o sin antes solicitar la autorización de la paciente. A este tipo de violencia se le denomina “violencia obstétrica.

La Organización Mundial de la Salud menciona al respecto que:

“En los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo, negativa a administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto —lo que deriva en complicaciones potencialmente mortales, pero evitables—, y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago.”[12]

Estas condiciones de violencia ya expuestas enfatizan la importancia de las labores realizadas dentro de las CAMIS. Precisamente atienden este tipo de injusticias y procuran prevenir la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y de las mujeres pertenecientes a estas. Las Casas de la Mujer Indígena cuentan con personal capacitado o integrantes de la misma comunidad, con el fin de brindar canales de comunicación adecuados que permitan un claro entendimiento de todos los procedimientos y atenciones brindadas en las instalaciones.

El recorte presupuestal para las CAMIS repercute directamente en el bienestar de las mujeres indígenas, quienes “en México, cuatro de cada cinco […] son víctimas de violencia obstétrica.”[13] Este tipo de acciones refuerza la impresión de que las políticas públicas priorizan otros programas por encima de los enfocados a cuestiones de reducción o prevención de la violencia de género y van en contra de los compromisos adquiridos y plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De no corregir este grave error, el gobierno de México estaría incurriendo en el incumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007, en la cual votó a favor. En este documento, se estipula que “los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.”[14]

Por otra parte, en el segundo apartado del Artículo 21, se enfatiza el compromiso que los Estados tienen respecto a llevar a cabo acciones que garanticen el progreso en las condiciones sociales y en el ámbito de la salud. De igual manera, se hace hincapié en que uno de los sectores que deberá recibir mayor atención por parte de las autoridades es el de las mujeres:

“Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.”[15]

Es necesario que este tipo problemas no pasen desapercibidos por el resto de la sociedad puesto que se estaría contribuyendo a la invisibilización histórica del sector indígena y afromexicano en México.

Actualmente, existen muchos vacíos en las estrategias públicas en contra de la discriminación y para la atención médica en las comunidades indígenas. La labor social que se necesita para lograr que estas comunidades se encuentren en igualdad de condiciones aún es inmensa.

Resulta claro que para comprender la dimensión del impacto positivo que tienen las CAMIS y los problemas sociales que intenta resolver, es necesario entender que adoptar los enfoques étnicos y el de género “no son excluyentes sino complementarios, por lo que resulta imprescindible su entrecruzamiento.”[16]

La CONAMI señala la necesidad de “[q]ue se establezcan las condiciones necesarias para que exista un observatorio sobre violencia contra mujeres indígenas, y que en cada estado del país exista el mecanismo necesario para dar seguimiento y solución a las situaciones de violencia presentadas con perspectiva de género y étnica. Es necesario generar mecanismos adecuados para que cuando se investiguen los casos de feminicidio, se integre la perspectiva étnica.”[17]

Si se hace una comparación del número de programas y políticas públicas que atienden las demandas de la población no indígena y la cantidad de los programas y proyectos enfocados a la población afromexicana e indígena, nos daríamos cuenta de que el presupuesto se encuentra distribuido de manera totalmente asimétrica. En este sentido, proyectos como las CAMIS adquieren mayor relevancia, puesto que son la base para seguir construyendo más herramientas y proyectos enfocados a mejorar las condiciones de las mujeres indígenas y aformexicanas a través de un proceso de aprendizaje de buenas prácticas.

El cierre de las CAMIS significaría que miles de mujeres indígenas que enfrentan situaciones de violencia por parte de su pareja, comunidad o instituciones de salud se encuentren en completo desamparo. Tan solo en el año 2019, las CAMIS brindaron apoyo a 21,000 mujeres indígenas y/o afrodescendientes.[18]

Esta población puede ser gravemente afectada por la pandemia por la falta de servicios de salud e insumos médicos y el relativamente menor alcance de las campañas de prevención, pero también por las repercusiones indirectas, en este caso, los recortes presupuestales que acentúan las claras desigualdades sociales, económicas.

Indiscutiblemente, los retos institucionales actuales son enormes y empeoran con acciones como el cierre de las CAMIS. El gobierno mexicano, sin importar las circunstancias, debe tomar en consideración los principios y acuerdos en materia de protección de Derechos Humanos adquiridos con organismos internacionales para guiar la toma de decisiones y la priorización de los objetivos a corto y mediano plazo.

De igual manera, debe de prevalecer un enfoque de género y étnico en todo ámbito de la administración pública, de lo contrario, se gestan situaciones como la que enfrentan las Casas de la Mujer Indígena. El haber llevado a cabo recortes a los presupuesto de programas tan relevantes como las Casas de la Mujer Indígena sin antes encontrar una fuente de financiamiento alternativa se califica, simplemente, como una decisión negligente.