¿El quinquenio más democrático en Perú?

¿La compleja situación que viene atravesando el Perú desde hace un par de semana responde al periodo de gobierno más democrático en su historia desde el retorno a la democracia post caída del régimen fujimorista? La respuesta es sí, y en este breve artículo se desarrollará el porqué.

Para comenzar, debemos situarnos desde el final de las elecciones generales en 2016, en aquel proceso, el partido Fuerza Popular obtuvo el 39.86% en votos válidos, logrando colocar a un total de 73 de 130 congresistas en el Poder Legislativo, ello implicó una fuerte campaña para apoyar a su contrincante en segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski, puesto que se buscó no tener en el Poder Ejecutivo al partido Fuerza Popular, cuando este ya tenía asegurado el control del Legislativo. Es por ello que, tras una campaña turbia de desagravios entre ambos contendores, se alzó con la victoria Pedro Pablo Kuczynski por un margen de 41,057 votos, lo que marcaría la tan ansiada separación de poderes.

Durante los primeros meses de gestión entre estos partidos, con un corte político abiertamente de derecha, se buscó el consenso que permitiera un buen gobierno, pactando una reunión entre ambos líderes, con la Iglesia Católica como intermediaria, para concretar un solo rumbo para el país; sin embargo, el juego político impidió que ambos poderes establecieran un solo camino en conjunto, lo que llevo a la polarización del país. En ese escenario, el discurso desde Fuerza Popular era la de hacer su plan de gobierno desde el Congreso, puesto que el partido del Ejecutivo, solo contaba con los votos de 19 congresistas.

La constante fricción entre estos poderes llevó al retiro de congresistas desde ambos bandos, siendo clara la estrategia política del Ejecutivo de mermar el poder de Fuerza Popular en el Congreso, y así obtener mayores votos congresales que apoyen sus propuestas. Esto se evidenció con el acercamiento de otro líder dentro de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, al partido de gobierno, puesto que tenía el objetivo de liberar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, de la cárcel, mediante un indulto presidencial.

Si bien el indulto fue otorgado y el ex presidente pasó a la condición de arresto domiciliario, el impacto político que ello generó, movilizó a la sociedad civil organizada, y se ejerció presión para la anulación del indulto, lo que evidencia la fuerte polarización que aún ejerce en el Perú, la figura Fujimori. En consecuencia, se anula el indulto otorgado, y el ex presidente Fujimori, retorna a la cárcel, lo que no frustró las aspiraciones de Kenji Fujimori de seguir, con su facción de congresistas, apoyando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que sacudió a toda Latinoamérica, puso en inestabilidad al Perú, puesto que el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su momento fue funcionario público de alto nivel en el país, y se vio inmerso en el caso de corrupción, que fue investigado desde el Congreso, con el objetivo de vacarlo.

El país continuó el proceso de investigación a muchas figuras políticas de larga trayectoria, mientras que en el Congreso se estaba presentando una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, una figura que requiere el voto de 87 congresistas para lograrlo. Este proceso no solo debilitó al presidente, sino que también a la de sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, quienes mantuvieron una clara confrontación, ante la poca claridad de apoyo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por parte del primero en la línea de sucesión presidencial.

En ese sentido Martín Vizcarra, de concretarse la vacancia, asumiría en esas condiciones la presidencia, luego de que no se sintiera respaldado por Pedro Pablo Kuczynski ante los audios que se filtraron a la prensa, y que dejaron al descubierto, presiones al Contralor de la República, para sacar adelante un proyecto de inversión importante para el país, ante lo cual este perdió su puesto de Ministro de Transportes y Comunicaciones, y fue enviado como embajador a Canadá.

Durante las primeras semanas del 2018, se especuló un acuerdo entre el Congreso y Martín Vizcarra para vacar al presidente, teniendo el respaldo del Congreso cuando asuma la presidencia; es así que se presenta la moción de vacancia presidencial, ante los indicios constantes de la intervención del presidente en el caso de corrupción Odebrecht, la filtración de audios y videos donde se colige un presunto acto de compra de votos para apoyar al presidente, por parte de, no solo los congresistas ex Fuerza Popular, sino de ministros y hasta del abogado del presidente; el 23 de marzo del 2018 presenta su renuncia ante el Congreso, y este la acepta con un total de 105 votos a favor, dejando en claro, que no respaldan la carta de renuncia que adjuntó el saliente presidente, por considerarlo no acorde a lo que se venía investigando. En esa misma fecha, retorna a Perú Martín Vizcarra, quien asume la presidencia al ser el primer vicepresidente.

La coyuntura de aquellos días en los medios de comunicación masivos, planteaba no solo la traición del ahora presidente Vizcarra, sino la alianza que sostuvo con Fuerza Popular para llegar al poder, que conllevó no solo a la total fragmentación del partido Peruanos por el Kambio en el Congreso, sino que produjo en consecuencia un Ejecutivo sin apoyo congresal, puesto que este no tardó mucho en marcar distancia con el partido Fuerza Popular. En ese entonces, el único camino que le permitiría gobernar a Martin Vizcarra sería el apoyo popular y de los medios de comunicación masivos.

El Congreso continuó su implementación de fiscalización política al gobierno de Vizcarra, que también marcó distancia con la de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien se encontraba en prisión domiciliaria por los casos de corrupción que se le imputan, es por ello que desde el ejecutivo se continuó con el discurso de parlamento “obstruccionista” para así alzarse en las encuestas de opinión pública.

El siguiente escándalo político vino desde el Poder Judicial, en la cual se filtraron audios en la que magistrados de la Corte Suprema, dialogan entre sí para su beneficio personal, lo que llevó a una indignación generalizada de la ciudadanía y fue tomada por el presidente Vizcarra para armar su discurso político de lucha contra la corrupción, es así que desde el Ejecutivo se presentan una serie de reformas constitucionales para que estas sean revisadas y aprobadas por el congreso, que al tratarse de reformas constitucionales, se requería una aprobación en dos legislaturas consecutivas; sin embargo, el presidente Vizcarra, buscaba una votación nacional que sirviera de base para su legitimidad como gobernante, es por ello que llama a un referéndum, el 10 de octubre del 2018, en la cual se le pediría a la población su aprobación a 4 proyectos de reforma constitucional que ya habían tenido voto favorable en el Congreso, es así que la fecha quedó programada para el 9 de diciembre del mismo año.

La población acudió a las urnas para contestar a las siguientes preguntas:

1.- ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

2.- ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

3.- ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4.- ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

De las cuales solo la última recibió el rechazo de la población bajo apoyo abierto del presidente Vizcarra, puesto que desarrolló el discurso de una tergiversación que sufrió su proyecto de bicameralidad, y este sería usado por el Congreso para poder reelegirse en las siguientes elecciones generales del 2021, por lo que el descontento con la labor del Congreso seguía empeorando, mientras las encuestas daban amplia popularidad a Vizcarra, que con el referéndum se sintió legitimado por la población.

Desde el Congreso se seguían procesos de investigación a personajes políticos por el caso de corrupción Odebrecht, a la par que ejercían defensa política de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, lo que generó mayor desgaste político en la institución, que también hizo de los medios masivos sus enemigos al impulsar una ley, que prohibiera la publicidad pagada por el estado a estos medios de comunicación, lo que llevó a una fuerte campaña contra esa ley, al denominarla “mordaz” pues la consideraban como un mecanismo para silenciar a la prensa que no estuviera acorde a su línea política.

Si bien la lideresa de Fuerza Popular, recibió una prisión preventiva por los casos de corrupción que se le investigan y las declaraciones de colaboradores eficaces que la sindican como receptora de sobornos, ello no menguó la constante fricción entre estos poderes, al punto máximo en la cual, durante una complicada sucesión de hechos, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre del 2019, a la par que el Congreso lo vacaba y tomaba juramento a la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz. Sin embargo, al recibir el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, en la realidad, el presidente Vizcarra continuó su labor, mientras fuerzas policiales cercaron el Congreso e impidieron el acceso a los Congresistas que no fueran parte de la Comisión Permanente, lo que fue respaldado por la población debido al rechazo generalizado a la labor parlamentaria.

Pese a la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional del Perú, este término fallando meses después de los hechos (14 de enero del 2020), con una convocatoria a elecciones congresales ya en marcha, y pese a declarar constitucional el proceso de disolución del Congreso por una mayoría de 4 votos contra 3, se pone en manifiesto que su actuación, de haber sido contraria, hubiera generado otra crisis política en el país, no siendo esa una de sus funciones como garante último de la constitución peruana.

Culminado el proceso de elección parlamentaria realizada el 26 de enero del 2020, con una participación de más de 18 millones de votantes habilitados, se volvieron a conformar los bloques parlamentarios, siendo duramente castigados con el voto las fuerzas políticas como el APRA y Fuerza Popular, mientras que los partidos de Acción Popular, Podemos Perú, FREPAP y Alianza para el Progreso, fueron los más votados. Esto marcaría el inicio del periodo complementario parlamentario, lleno de figuras ajenas a la política y con poca o nula experiencia en el cargo.

La pandemia llegó a Latinoamérica y con ella el proceso de confinamiento a los ciudadanos, otorgando mayor poder al ejecutivo en cuanto al manejo del país, y en el caso peruano a continuar con el proceso de polarización entre ambos poderes, que iba y venía en medidas de corte populista desde el Congreso, como la cancelación del pago de peajes a las concesionarias, lo que luego se revirtió, o el engaño constante del presidente Vizcarra sobre la culminación del confinamiento, siendo Lima dentro de las primeras en reabrirse económicamente pese a su notable incremento de casos por COVID-19 y el aumento de fallecidos, pero no siendo políticamente adecuado tener al centro del poder político en confinamiento, con la posibilidad de tomar la calle y no acatar las órdenes del gobierno.

En medio de todo el proceso que colocó a Perú dentro de los peores países en el manejo de la pandemia, pese a las constantes políticas públicas que desde el gobierno se fueron implementando, el Congreso continuó con su afán de fiscalización férrea, y ante la divulgación de audios del entorno más cercano al presidente, que dejarían al descubierto presuntas conversaciones para acomodar declaraciones en un proceso de corrupción que se venía investigando, el Congreso optó por iniciar el proceso de vacancia presidencial, lo que fue abiertamente catalogado como innecesario, no solo por el presidente, sino por los medios de comunicación masivas. Ante ello, se presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, para frenar los intentos de vacancia del Congreso, y delimitar la figura de incapacidad moral permanente; sin embargo, esta presentación de moción de vacancia, no reunió los votos necesarios para llegar al pleno, por lo que ese proceso constitucional se acabó en ese instante.

Al cabo de mes y medio, se revelan testimonios de colaboradores eficaces y chats de conversaciones con el presidente Vizcarra, entorno a sus funciones como gobernador de una de las regiones del Perú, siendo tomada esta como base para la presentación de una nueva vacancia presidencial, teniendo pendiente la contestación al recurso presentado por el presidente sobre la primera moción. Ello siguió su procedimiento, pese al mensaje continuo por parte de la prensa de no ser oportuno en medio de la pandemia y los miles de muertos que ha dejado en el país.

El lunes 9 de noviembre, luego de haberse presentado el presidente Vizcarra ante el pleno del Congreso, y en su discurso deslegitimar las investigaciones y acusaciones hechas hacia su persona, porque en ese poder del estado, muchos de sus miembros se encuentran inmersos en procesos judiciales. El Congreso voto la vacancia por incapacidad moral permanente, siendo este favorable por 105 votos (el mismo número alcanzado para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski) y procediendo a dictaminar que, ante la previa renuncia de la vicepresidencia de Mercedes Araoz, el cargo del Ejecutivo debe pasar al Presidente del Congreso, quien deberá convocar a elecciones de inmediato y constituirse en un gobierno de transición.

En este caso el presidente del Congreso era Manuel Merino, quien asumió la investidura el martes 10 de noviembre, siendo respaldado por las fuerzas militares y policiales, pero no por los medios de comunicación ni sectores sociales y académicos, que inmediatamente llamaron a una serie de movilizaciones en distintas partes del país, en rechazo directo al gobierno de Manuel Merino.

En medio de protestas diarias, se produjeron el fallecimiento de dos jóvenes que participaron de las protestas en la capital, lo que terminaría en la renuncia del presidente Merino el 15 de noviembre, quien llamó a la calma durante su discurso y aseguró que el proceso de elecciones generales 2021 sigue en marcha, sin hacer un real balance de lo ocurrido durante las protestas en la capital.

En tal situación, el Congreso aceptó la renuncia del presidente Merino, y también la del Presidente del Congreso, por lo que se procedió al proceso de elección de una nueva mesa directiva, que determinaría quien sería el siguiente presidente o presidenta encargada de la nación.

El mismo 15 de noviembre, se intentó elegir a una nueva mesa directiva que no logró los votos requeridos y por lo tanto el Perú debió esperar un día más para la elección de una mesa directiva, encabezada por Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado, que votó en contra a la vacancia del presidente Vizcarra, y por lo tanto se alzó como una figura de consenso entre sus similares, además de recibir el importante respaldo de los grupos comunicaciones, sociales y académicos, que empiezan a abogar por un periodo de calma ante la turbulencia política que sufrió el país durante la última semana de noviembre y que a la fecha de la redacción del presente artículo (18 de noviembre del 2020) se ha notado una disminución en las protestas ciudadanas, pero que aún mantienen su ímpetu fiscalizador sobre las siguientes acciones a tomar por parte del nuevo presidente encargado.

En ese sentido paso a poner en detalle los hitos democráticos que ha pasado el Perú durante este quinquenio que aún no termina:

1.- Elecciones 2016, en la cual los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen una clara separación de líderes.

2.- Aceptación de renuncia al cargo de presidente por parte de Pedro Pablo Kuczynski y posterior toma de mando de su primer vicepresidente Vizcarra.

3.- Llamado a referéndum para la modificación parcial de la Constitución en 2018.

4.- Cierre del Congreso en 2019 y llamado a elecciones congresales complementarias.

5.- Elecciones congresales complementarias en enero del 2020.

6.- Vacancia presidencial a Vizcarra el 9 de noviembre del 2020.

7.- Toma de mando de Manuel Merino como presidente encargado el 10 de noviembre del 2020.

8.- Renuncia de Manuel Merino como presidente encargado el 15 de noviembre del 2020, a raíz de las constantes manifestaciones de la ciudadanía, y el fallecimiento de 2 jóvenes a razón de ellas.

9.- Se elige a una nueva mesa directiva en el Congreso que lleva a Francisco Sagasti como nuevo presidente encargado del Perú el 17 de noviembre del 2020.

Estos 9 hitos descritos, marcan una clara participación democrática del Perú, que se expresó de manera constante no solo a través del voto ciudadano, sino que también, ante el uso de herramientas constitucionales para la solución de controversias entre los poderes del Estado. Tal complejidad de situaciones, puede ser visto desde dos enfoques, uno negativo, que sería lo precario de la institucionalidad democrática en el país, el cual no comparto, y una positiva, que implica la utilización de los medios previstos por la constitución que dividen los roles de los poderes y que, ante controversias, existen organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, que brinda las garantías para un correcto desarrollo del Estado de Derecho en el país.

Finalmente, los hechos que han marcado la historia reciente del Perú, muestran a una joven democracia, que ve con optimismo el duro proceso de consolidar sus instituciones, e incentivar la cultura política en los jóvenes, como la mejor opción de desarrollo para el país, que viene siendo asolado por la pandemia del COVID-19.