Violencia de género en México

De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General establece que la violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” [1]

La violencia de género es un producto del sistema patriarcal que se caracteriza por establecer una jerarquía de género, la cual invariablemente hace referencia a la existencia de una relación de poder entre géneros en la que la mujer resulta tener un rol subordinado con respecto al del hombre. Dicho de otro modo, bajo esta lógica patriarcal, las mujeres son percibidas como individuos inferiores al hombre.

Según Alda Facio y Lorena Fries, el sistema jerárquico de género de este tipo de sociedades se caracteriza por una ideología que explícitamente devalúa a las mujeres, sus roles y productos; replica significados negativos vinculados a las mujeres o sus actividades; se basa en estructuras que excluyen a las mujeres de los espacios políticos, económicos y sociales; perciben la realidad a partir de una división en dos sexos. El hombre es el parámetro de lo humano y la mujer es relegada a la subordinación. [2]

Suárez Tomé indica que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no implican por sí mismas una serie de desigualdades sociales, estas son asignadas por efecto de la cultura en las sociedades machistas. Es decir, en algunas estructuras sociales la carencia de derechos humanos, la falta de derechos políticos y de libertades fundamentales para las mujeres es el resultado de una lógica y un sistema jerárquico patriarcal que se basa en los sexos. [3]

Debido a la vinculación existente entre la violencia de género y la sociedad patriarcal, la teoría feminista ha trabajado para explicar esta problemática. El feminismo ha luchado por incluir su visión en todo tipo de disciplinas para entender las realidades de la mujer. Danila Suárez Tomé señala que “la perspectiva de género surge a partir del feminismo y que es un término lavado de la perspectiva feminista.” [4] La perspectiva feminista tiene por objetivo hacer una crítica a las estructuras de la sociedad patriarcal y transformarlas.

La mujer históricamente ha experimentado condiciones de inequidad al haberle sido relegados ciertos roles específicos que conllevan actividades relacionadas con el cuidado de una figura masculina hegemónica (ya sea el padre, el esposo, los hermanos y los hijos), pero también, al ser considerada un ser inferior, ha sido percibida como una propiedad y un objeto sexual. Es bajo estas condiciones que la violencia de género se gesta, puesto que el cuerpo y mente femenina han sido vistos como una extensión de las posesiones del hombre.

Se afirma que las mujeres son un grupo en situación de vulnerabilidad puesto que han sido víctimas de discriminación y de violencia contra su persona por su género. De acuerdo con Diana Lara Espinosa, “conviene […] hacer una precisión: la vulnerabilidad no es una condición personal, es decir, no se trata de la característica de un ser humano. Las personas no son por sí mismas “vulnerables”, “débiles” o “indefensas”, sino que, por una condición particular, se enfrentan a un entorno que, injustamente, restringe o impide el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida, quedando sujetas a una situación de vulnerabilidad y, por tanto, a un mayor riesgo de ver sus derechos afectados”. [5]

La violencia que la mujer ha sufrido durante siglos no se acota en un solo ámbito. La violencia se ha ejercido en todo tipo de espacios: en el ámbito comunitario, en el seno familiar, en las relaciones afectivas, en el espacio laboral y en las instituciones educativas.

En el caso de las mujeres mexicanas, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, a lo largo de su vida el 25.3% ha experimentado violencia en el ámbito escolar, un 26.6% en el ámbito laboral, 38.7% en el ámbito comunitario, el 43.9% ha experimentado violencia en su relación de pareja y un 10.3% en el ámbito familiar en los últimos 12 meses. [6]

Para contar con un amplio panorama del cómo se ejerce la violencia de género, se encuentra a continuación la clasificación establecida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia[7]:

1. Violencia psicológica, la cual se refiere a cualquier daño que afecte la estabilidad psicológica de la mujer. Esta puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

2. Violencia física, entendida como cualquier daño que cause lesiones físicas;

3. Violencia patrimonial, refiriéndose a cualquier acto que impida la satisfacción de las necesidades la víctima como daños en bienes o documentos patrimoniales;

4. Violencia económica, entendida como la limitación y control del ingreso económico o la percepción de un salario menor que el que corresponde;

5. Violencia sexual, se entiende como cualquier acto que dañe el cuerpo, dignidad, integridad o sexualidad de la víctima. También se refiere al abuso de poder sobre la mujer y a la concepción de esta como un como objeto.

La expresión máxima de la violencia de género es el acto denominado “Feminicidio”. Los orígenes de este término se remontan al año 1976, en el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica. “El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en feminicidio.” [8]

Género y violencia en México

En la sociedad mexicana permea una ideología que denigra y desvaloriza a las mujeres. Esta ideología se encuentra sumamente arraigada en la cultura y ha sido trasmitida de manera generacional. Las agresiones hacia lo femenino se han normalizado a tal grado en la cotidianeidad de la sociedad mexicana, que se pueden encontrar tanto en el “humor” de la población hasta en discursos provenientes de autoridades y figuras públicas de la vida política. Es precisamente en este tipo de tejido social que la lógica patriarcal gesta actos como el feminicidio y la violencia de género.

Frecuentemente se comete el error de percibir las micro agresiones y/o micromachismos como acciones inofensivas y se toleran. Sin embargo, estas están fuertemente vinculadas con todo un sistema y estructuras sociales destinadas a oprimir sistemáticamente las libertades y derechos de las mujeres. El seguir replicando este tipo de actos y/o discursos conlleva la perpetuación de una lógica de pensamiento machista que proporciona las condiciones idóneas para que gradualmente un agresor escale en el tipo de violencia que ejerce sobre el género femenino, así como la normalización de conductas misóginas y machistas.

Con el fin de dibujar el escenario que existe en México respecto a la violencia de género, basta con señalar las mujeres son mucho más propensas a ser objeto de delitos relacionados con la violencia sexual y violencia familiar. De acuerdo con datos del INEGI en el año de 2015, delitos como el acoso sexual, el rapto, la violación equiparada, el incesto, la violación simple, la violencia familiar, el hostigamiento sexual, el abuso sexual y la trata de personas afectaron en mayor medida a mujeres que a hombres. Ver Gráfico 1.

Gráfico 1. Víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, por tipo de delito según sexo, 2015.

La suma de los porcentajes puede no ser el cien por ciento debido a que no se consideran los casos en los que el sexo de la víctima no se identificó o no se especificó, o bien, no aplica por ser ésta una persona moral o el Estado, por ejemplo. Fuente: INEGI Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.

La violencia contra la mujer, expresada en la forma de feminicidio en México, no es un fenómeno reciente. Este crimen registró un aumento sin precedentes a partir de la llegada de Felipe Calderón, en un contexto de violencia generalizada a causa de la guerra contra el narcotráfico. “Los números, nunca antes vistos en el país, ascendieron hasta sumar 121,613 personas fallecidas por homicidio, 12,990 desaparecidas y 160,000 desplazadas […]” [9] durante su sexenio. Ver gráfico 2.

Gráfico 2. Comparativo de muertes violentas durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Fuente: Proceso en Luis Hurtado-González y Juana Delgado-Valdez, “La Guerra contra la Delincuencia Organizada durante el sexenio 2006-2012 y el respeto a los Derechos Humanos en México.” Investigación Universitaria Multidisciplinaria, 12, enero-diciembre número de la revista, 2012: 63.

Es pertinente hacer énfasis en que las principales víctimas de la guerra contra el narcotráfico fueron hombres, por lo tanto, las causas y las formas en que se privó de la vida a estos individuos no corresponden a la categoría de violencia de género. Sin embargo, la precariedad institucional, y las condiciones que entorpecían y obstaculizaban la prevención y la impartición de justicia de dicho periodo se vio reflejada en altos índices de impunidad y corrupción, los cuales repercutieron de manera negativa en la resolución de carpetas de investigación y en los índices de feminicidios en el país durante el periodo de 2007 – 2012.

El problema no solo radica en la alta incidencia de feminicidios y delitos relacionados con violencia sexual sino en que “[e]n México se vive además un patrón de impunidad sistémica, reflejo de la falta de acceso a la justicia. Frecuentemente las víctimas, al intentar acceder al sistema de justicia, son maltratadas y discriminadas. México carece de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. En la etapa de investigación, las mujeres se enfrentan con retrasos injustificados, falta de realización de pruebas periciales clave para la investigación e intromisiones injustificadas en su vida privada, así como la culpabilización y descalificación por parte de las autoridades.” [10]

En el mismo sentido, Patricia Olamendi señala que “[…] en el feminicidio se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, tales como: el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Todo ello; genera impunidad que no sólo niega justicia para las víctimas, sino que además provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las mujeres, al no merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la desigualdad y la discriminación de la que son objeto en la vida diaria.” [11]

Con el fin de ilustrar la magnitud de la violencia de género en el sexenio de Felipe Calderón, el informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México indican que, en el lapso de un año, los feminicidios aumentaron en un 64% para el 2008 y, para el año 2009, las cifras se incrementaron en un 121% tomando como referencia el año 2007. [12] Ver gráfico 3.

Gráfico 3. México: evolución de las tasas nacionales de defunciones femeninas con presunción de homicidio según año de ocurrencia, 1985-2009.

Fuente: Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, INMujeres y ONU-Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y conapo, Proyecciones de la población de México 2005-2050.

El punto más alto de feminicidios en México del que se tiene registro fue durante el periodo de 2011 – 2012, al término del mandato presidencial de Felipe Calderón. Cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto estos disminuyeron gradualmente hasta alcanzar el menor número de casos en junio de 2015, con 411 feminicidios. Ver Gráfico 4.

Sin embargo, la violencia en México no continuó disminuyendo, al contrario, las cifras de feminicidios continuaron incrementando desde el 2015 hasta alcanzar un punto crítico en el 2019, con un total de 945 feminicidios, casi 1000 mujeres fueron asesinadas en un solo año.

En cuanto a la tendencia nacional de presuntos feminicidios en el año 2020, en los meses de marzo, abril y mayo se registró una disminución de casos (73-67 casos por mes) a comparación de febrero (91 en ese mes), posiblemente como resultado del confinamiento para prevenir el contagio de COVID-19. Sin embargo, en el mes de junio las cifras aumentaron considerablemente, alcanzando 94 feminicidios, casi como el mes más violento de los último 5 años (diciembre de 2018, con 98 feminicidios).

Gráfico 4. Presuntos delitos de feminicidios: tendencia nacional.

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

La mujer que reside en México a diario vive con el miedo de sufrir algún tipo de agresión que varía desde ser acosada sexualmente en el transporte público, en el trabajo o en la escuela, hasta ser raptada, violada o asesinada. Aunado a esto, la violencia hacia las vidas y los cuerpos femeninos no se detiene al momento de la muerte, puesto que es común que a los medios de comunicación en México se les autorice el acceso a las escenas “custodiadas” por peritos y se difundan imágenes gráficas de los cuerpos sin vida, lo cual daña profundamente la memoria de la víctima, a su familia y seres cercanos.

En el caso de las sobrevivientes de violencia sexual, las agresiones continúan después de haberse cometido el delito. Cuando se hace la denuncia de manera formal, el Ministerio Público revictimiza a la sobreviviente con insinuaciones misóginas y discursos arcaicos debido a la falta de capacitación especializada para los servidores públicos que “brindan” apoyo a las denunciantes. En los casos de violencia familiar, es frecuente que las propias autoridades desalienten a las sobrevivientes de hacer una denuncia por la poca frecuencia de resoluciones favorables.

La sociedad civil ante la violencia y el desinterés institucional

La circulación de fotos de cientos de mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas se ha vuelto algo común en las redes sociales. Si bien, algunos de los casos de jóvenes desaparecidas suelen viralizarse, no es el caso de todos. Miles de familias no logran ese nivel de difusión porque no cuentan con los medios necesarios o pertenecen a sectores de la sociedad invisibilizados.

Como resultado de esta situación, los niveles de inconformidad por parte de la sociedad mexicana han alcanzado niveles jamás vistos. A través del uso de herramientas de comunicación como las redes sociales, actualmente se ha identificado una mayor movilización social por medio de las cada vez más abundantes campañas de concientización, como “#UnDíaSinMujeres” o #DeMachosaHombres y a través de marchas para exigir mejores condiciones de seguridad en todo el territorio mexicano.

Desde inicios del año 2020, la indignación ciudadana por la inseguridad en el país se ha intensificado, no sólo por las cifras de delitos que van en aumento, también a causa de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha minimizado e invalidado el movimiento feminista mediante el uso de frases condescendientes que develan su falta de conocimiento y empatía en estos temas.

En lugar de proporcionar una estrategia de seguridad elaborada específicamente para garantizar la seguridad de la mujer, el presidente se escuda mediante los ataques que hace contra la oposición política. Por ejemplo, ha mencionado que los feminicidios son utilizados como una estrategia política para opacar la –francamente absurda – rifa del avión presidencial y manipular a la opinión pública. Cuando el presidente no recurre a estas medidas, emplea un discurso vacío, moralista y que a veces tiende a la ingenuidad.

En dicho contexto de violencia inaudita, el 8 de marzo de 2020, el día Internacional de la Mujer, miles de mujeres pertenecientes a distintos sectores de la sociedad en México salieron a las calles a exigir justicia y mejores condiciones de seguridad pública. Cabe mencionar que las participantes de este evento fueron objeto de amenazas e insinuaciones semanas antes de la marcha a través de redes sociales. Las amenazas incluían violencia física, haciendo énfasis en ataques con ácido. No obstante, la movilización registrada en este día fue histórica.

Marcha feminista, Día Internacional de la Mujer, Ciudad de México, 8 de marzo de 2020. Foto por Elizabeth Ruiz.

Hogar, violencia y confinamiento

En la coyuntura actual, la violencia doméstica se ha intensificado en el ámbito familiar a raíz de las medidas de confinamiento tomadas para controlar el contagio de Covid-19 en el país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en el mes de marzo se registraron un total de 20,232 llamadas al 911 para solicitar asistencia por casos de violencia doméstica. [13]

A pesar de que las instancias pertinentes hayan publicado las cifras oficiales anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente ha hecho declaraciones que minimizan e invalidan públicamente las denuncias de violencia doméstica al afirmar en una conferencia de prensa que el 90% de las llamadas al 911 son falsas sin proveer fundamentos válidos o registro alguno que compruebe dichas declaraciones.

Esta situación se desarrolla después de que el presidente anunciara a principios de mayo de 2020 la eliminación de subsidios para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, así como de estancias infantiles. [14] Ante estos recortes presupuestales, se ha evidenciado la falta de consonancia entre las prioridades de la actual administración y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya que las titulares, Candelaria Ochoa, Mónica Maccise y Mara Gómez han solicitado su renuncia ante las condiciones institucionales actuales.

La falta de priorización de temas concernientes a la garantía de seguridad y erradicación de la violencia en la agenda públicas ha complejizado la situación de violencia que experimentan miles de mujeres. En el caso del posible cierre de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, el desamparo es aún más crudo debido a que histórica e institucionalmente, la población indígena y afromexicana enfrenta más desafíos que el resto de la población. Ante estas circunstancias, el gobierno federal se ha deslindado de los compromisos hechos para garantizar una vida sin violencia a las mujeres en México y propone como solución solicitar el financiamiento a las embajadas en México y organizaciones internacionales.

Ante la falta de mecanismos reales para brindar apoyo a las sobrevivientes de violencia doméstica, el gobierno federal ha creado una campaña denominada “Cuenta hasta 10” que, como el título lo dice, propone contar hasta 10 para generar tolerancia y así evitar los episodios de violencia en los hogares. [15] El simplismo, por decir lo menos, de dicha campaña ha generado indignación y ha recibido fuertes críticas ya que no representa una solución ni un apoyo real para las sobrevivientes de la violencia doméstica.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la prioridad del gobierno federal se acotaba en destinar recursos en las estrategias para controlar los efectos de la pandemia del Covid-19, por lo que no había una claridad en cuanto a cuando o si serían asignados los presupuestos para atender las necesidades de miles de mujeres sobrevivientes de violencia de género. [16]

Asimismo, y de manera no menos relevante, la eliminación de los subsidios para las estancias infantiles implica que las mexicanas enfrentarán otro obstáculo más para alcanzar sus objetivos académicos y profesionales, puesto que la ausencia de un apoyo gubernamental implica una mayor carga de trabajo doméstico, específicamente, del cuidado de infantes.

Este escenario entra en discordancia con la información que se encuentra en la página oficial del Gobierno de México. En esta plataforma se exponen los logros de la actual administración, los cuales hacen énfasis al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, denominado como uno de los mecanismos más importantes para prevenir y erradicar la violencia de género.

Sin embargo, después de examinar los informes delictivos vinculados con la violencia de género, resulta claro que los esfuerzos de esta administración por combatir un fenómeno que se ha presentado de manera cada vez más frecuente y agresiva en los últimos años resultan insuficientes.

Se afirma que con el Sistema Nacional se han logrado impulsar y llevar a cabo políticas públicas que estén enfocadas a colocar la perspectiva género y el trabajo a favor de los derechos de las mujeres como un eje prioritario en la acción gubernamental en toda la República Mexicana. [17] Sin embargo, es más que evidente que estos mecanismos y estrategias progresistas se limitan al plano discursivo ya que en la práctica, como se expuso anteriormente, la actual administración no gobierna con este eje prioritario, sino todo lo contrario.

En un principio el inclusivo gabinete presidencial se vislumbraba como un faro de esperanza. Parecía que los principios del feminismo político podrían encontrar un lugar en la agenda de la “Cuarta Transformación” y que la perspectiva feminista permearía desde las cúpulas más altas hasta los sectores más desprotegidos para intentar compensar por tantos años de injusticia e inequidad, pero esto no fue así.

Ahora más que nunca, los tropiezos del presidente de México dan la impresión de que no existe ni siquiera la presencia de expertas en materia de género brindando una asesoría cuando se abordan temas tan delicados como el feminicidio o la violencia doméstica y no por la falta de especialistas en estos temas.

Hay quienes afirman que es muy pronto para examinar el desempeño de la actual administración ya que los resultados de las políticas públicas no se materializan de manera instantánea. Sin embargo, evaluar las posturas que ha adoptado el actual gobierno para afrontar los nuevos retos es una práctica válida y sana para la democracia. Es de suma importancia mantener al nuevo gobierno accountable o “responsable” de sus decisiones, sobre todo cuando estas tienen consecuencias directas e inmediatas muy graves para la sociedad.

Hasta el momento, la “izquierda” que tomó años alcanzar el poder resultó ser un gobierno poco empático con la causa feminista, que vive bajo la sombra de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fracasa en sus pretensiones de ser una fuerza “progresista” y que no vive para cumplir las expectativas que fijó en un principio.

Ante este panorama, solo resta esperar que en los años próximos las actuales estrategias de seguridad atiendan las problemáticas de manera directa, se apliquen con más rigor, se reevalúe su efectividad y en caso de ser necesario, se replanteen o reformulen. A la par, se debe seguir fortaleciendo y ampliando las capacidades de respuesta y atención de las autoridades que brindan atención a las sobrevivientes de delitos como la agresión sexual, el acoso y violencia doméstica.

Lamentablemente el futuro parece estar minado con desafíos debido a la crisis económica proyectada en los próximos años. Es posible que, de no hacer un reajuste en la agenda política, las políticas públicas enfocadas a erradicar la violencia de género y brindar apoyo a las sobrevivientes pasen a segundo o tercer plano.

En conclusión, la violencia de género es una problemática que ha afectado a la sociedad mexicana desde hace siglos, puesto que es el resultado de una cultura y un sistema social basado en la jerarquía de género que se ha institucionalizado en la esfera social, política y económica.

El cambio que implica la erradicación del machismo en México ha sido y seguirá siendo un proceso sumamente lento debido a la fuerte resistencia que se ha manifestado. Basta con recordar que a penas en 1953 la mujer tuvo derecho al sufragio para dimensionar el grado de atraso que la sociedad mexicana tiene en temas de equidad de género.

El movimiento feminista y la sociedad civil que apoya y cree en la causa sin duda han sido los motores para continuar la luchar contra la injusticia. No obstante, es necesario el total compromiso de los músculos gubernamentales para elaborar e implementar políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia de género.

Ana Pecova señala la importancia de las políticas públicas en cuanto a la influencia que estas tienen para generar nuevos hábitos. Sería muy difícil modificar el machismo desde el núcleo familiar, entorno donde se aprende y hereda la ideología y las dinámicas sociales machistas, pero es posible hacerlo desde otro ámbito. La experta en materia derechos humanos de las mujeres propone la creación de iniciativas en materia educativa con una perspectiva feminista que tenga por objetivo reeducar a las próximas generaciones de mexicanos. [18]

Por ahora, como bien plantea Ana Pecova, resulta sumamente complejo erradicar la violencia de género cuando no existen mecanismos o programas transversales enfocados a la eliminación de la ideología machista y de la asignación de roles basadas en el género y relaciones de poder desde una edad temprana. [19] Aún espera un largo camino por transitar para lograr más avances en materia de derechos humanos de las mujeres que garanticen la seguridad de este sector de la población.

No obstante, el escenario actual demuestra que las organizaciones no gubernamentales, internacionales y sociedad civil no pararán de hacer esfuerzos por mejorar su entorno y para continuar con el proceso de deconstrucción de la sociedad mexicana.