El acuerdo de Escazú y las defensoras del medio ambiente

El pasado 22 de abril del año en curso entró en vigor el Acuerdo de Escazú, fecha en que coincide el Día Internacional de la Madre Tierra. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, es un avance histórico en los derechos de las y los defensores del medio ambiente. Su importancia radica en ser el primer instrumento para la protección de los ‘‘derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en el mundo’’.

Uno de los artículos esenciales es el Artículo 9 Los Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales:

Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Chile: CEPAL) artículo 9, inciso a1

América Latina: una región de muerte para las defensoras

De acuerdo con Global Witness, América Latina es la región más afectada por los sucesos de asesinato de las personas defensoras de la tierra desde el 2012. En 2019 la violencia contra las personas y los grupos en favor de la mejora del ambiente alcanzó un nivel nunca antes visto. Se registró el asesinato de 212 personas a nivel mundial defensoras de la tierra y del medio ambiente a lo largo de todo el año; un promedio de más de cuatro asesinatos por semana. Cuatro de los cinco países—Colombia, Filipinas, Brasil, México y Honduras— con más muertes violentas hacia defensores son países latinoamericanos1. Estas cifras son tan solo una parte de la cruel realidad de ser activista en materia ambiental.

Fuente: Atlas de Justicia Ambiental. ''Mapa Mundial de Justicia Ambiental''. s.f.

Aunque es esencial para la región su entrada en vigor no es suficiente; es menester seguir su implementación. Además, el Acuerdo no tiene una perspectiva de género. Sin este lente el Acuerdo crea un gran vacío e ignora la situación de vulnerabilidad al que se encuentran las mujeres que defienden nuestra tierra. En reiteradas ocasiones se hace mención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, pero solamente sitúa en estas condiciones a los pueblos indígenas y grupos étnicos. Empero, se debe reconocer que estas condiciones de ''raza'' y etnia, se yuxtaponen con las de sexo-género. En comparación con los activistas hombres, las activistas de la tierra se enfrentan a amenazas
adicionales específicas por el hecho de ser mujeres 2. En América Latina la experiencia de ser una activista mapuche, afrocolombiana , tarahumara o garífuna en defensa del medio ambiente es una situación de riesgo desmedida.

En el último reporte de Global Witness se hace una distinción esencial: Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en víctimas 3. De esta manera, se reconoce que las mujeres defensoras de la tierra a veces ejercen un papel doble: son cuidadoras y activistas.

Las mujeres que perdieron la vida mientras la defendían

Cómo se ha mencionado con anterioridad, América Latina representa una región de alto peligro como escenario para los y las activistas de la tierra. Este peligro se materializa en amenazas, ataques y asesinatos crueles hacia las activistas. En los casos de asesinatos hacia mujeres activistas ambientales, son usualmente líderes de las organizaciones ambientales, pero también pueden ser líderes de sus hogares. Rosalinda Pérez era líder de un grupo de 33 mujeres en la comunidad, participaba en el proceso de formación de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y Presidenta de Microcréditos, un proyecto de desarrollo autogestivo. Cuando fue asesinada de 9 disparos dejó atrás a 9 hijas e hijos 4. Con estos asesinatos se intentan romper lazos de distintos niveles.

El ciclo de violencia no termina con el asesinato cruento hacia estas líderes, sino que sus familiares, parejas e hijas siguen inmersos en este círculo. Tal es el caso de Berta Zúñiga, hija de Berta Cacéres, quien ha sufrido un intento de asesinato, junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) (Front Line Defenders) 5. Se intenta romper el legado que estas mujeres han dejado en distintas personas de sus comunidades con los mismos mecanismos de represión y amenazas pero estas personas siguen creyendo en los ideales de quienes ya no están con nosotras.

A pesar de los esfuerzos por seguir el trayecto de las activistas, la injusticia ha sido un obstáculo para honrarlas. Aún muchos homicidios siguen impunes. En general, el activismo ambiental ha sido un espacio vacío de justicia. No obstante, el Artículo 8 Acceso a la justicia en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú insta a las partes a garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, el Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales dicta:

Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Chile: CEPAL) artículo 9, inciso c6

Aunque este artículo e inciso particular no garantiza el cese de violencia ejercida contra activistas es una pauta para realizar esfuerzos nacionales, e incluso internacionales, en busca de la protección de sus defensoras.

Reflexiones finales

El Acuerdo de Escazú representa un paso hacia la integridad de la vida de las defensoras de la tierra a nivel regional y un avance internacional en materia del activismo medioambiental por parte de las mujeres. No se demerita el esfuerzo crucial para lograr consolidar esta herramienta vinculante, sin embargo, se señala su falta de perspectiva de género. Cómo el primer Acuerdo de los derechos de las personas defensoras de los derechos medioambientales hubiese marcado un hito esencial si tuviese un enfoque de género. Las respuestas realizadas desde el sur para el sur deben tener un enfoque interseccional, tomando en cuenta los ejes de subordinación—sobre todo, el género— de los actores internacionales.

Aún queda un largo camino que recorrer. América Latina es una región azotada por los megaproyectos, el extractivismo y el deterioro ambiental producido y articulado en gran parte del norte global. Empero, nuestra América aún es tierra fértil para un mejor futuro. En medio de la alza de los ecofeminismos, los lazos comunitarios entre pueblos, las organizaciones entre mujeres, el Acuerdo llega a ser otra respuesta contra el capitalismo ecocida.