Estados Unidos y la «guerra contra las drogas» en América Latina: medio siglo de fracasos

Sin duda la “guerra contra las drogas” ha sido un tema bastante presente en el debate público de las últimas décadas. Se han escrito muchos libros que rayan desde las teorías de la conspiración hasta las contribuciones teóricas más rigurosas. Varias de las universidades más importantes del mundo tienen programas de investigación consolidados sobre el temay qué decir de la industria del entretenimiento que ha explotado el tema con películas y series de diverso presupuesto y calidad.

Estados Unidos vive un momento clave en su historia con las elecciones presidenciales de noviembre que enfrenta dos posiciones distintas entre el conservadurismo de derecha de Donald Trump y las propuestas más moderadas de Joe Biden. Si bien en Estados Unidos, el debate de los últimos años se ha centrado en tratar a las drogas como asunto de salud pública e incluso algunos estados han caminado hacia la legalización de la cannabis para efectos medicinales y terapéuticos, este cambio en la política interna de drogas en Estados Unidos obedece a varios puntos:

1. El fracaso en los modelos de control de adicciones diseñados en la posguerra basados en la criminalización de los consumidores, atribuidas a una supuesta relación entre el consumo de estupefacientes y la propensión a cometer delitos en un estado de alteración psicoactivo.
2. Agotamiento del discurso conservador y moral de estigmatización de las drogas como un peligro para la salud de los jóvenes y mayor divulgación de información científica que han permitido una mejor relación en el consumo.
3. El fracaso en la política exterior antidrogas de Estados Unidos para controlar la producción en los países productores como Colombia, Bolivia y Perú con la hoja de coca, y Burma y Afganistán con la goma de opio. Y para controlar su tránsito en Centroamérica y México.

Nancy Reagan, representante del discurso moral antidrogas en Estados Unidos. Fuente: Campaign.

Ahondar en la profunda bibliografía académica y periodística de la “guerra contra las drogas” en América Latina requeriría una gran extensión. Este límite se comprende desde las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política como el fenómeno de la internacionalización de los aparatos penales diseñados en Estados Unidos por el proselitismo de “empresarios morales transnacionales” por suprimir globalmente actividades consideradas “indeseadas” y convertido en regímenes internacionales de supresión.[1]

Los empresarios morales buscan activamente la supresión y represión de la actividad objetivo mediante convenciones internacionales, presiones diplomáticas, estímulos económicos, campañas de propaganda e intervenciones militares.[2] Una vez que los esfuerzos de los proponentes del régimen de supresión han demostrado éxito, la actividad se vuelve sujeto de leyes criminales y acciones policiacas en gran parte del mundo en las cuales, las instituciones internacionales y convenciones emergen para jugar un rol de coordinación.[3]

Este es el caso de la prohibición de las drogas que fue promovida desde Estados Unidos. Este esfuerzo proselitista, dentro del país y en el extranjero, fue impulsado por miedos al uso desviado de drogas, el aborrecimiento moralista por el uso de sustancias psicoactivas distintas al alcohol y un sentido condescendiente de las élites hacia los consumidores.[4]

En las últimas décadas del siglo XX, Estados Unidos promovió una campaña militarizada contra la cocaína, dentro de su propio territorio, en las fronteras y en el exterior. El “boom de la cocaína” proporcionó la justificación para que las drogas fueran clasificadas en 1986 como una amenaza a la seguridad nacional y se lanzará una guerra contra la cocaína que incrementó la adopción y lenguaje de una guerra real.[5]

La lógica de militarización antidrogas promovida por Estados Unidos, aún prevalece en los programas de seguridad pública en América Latina. Fuente: El Universal.

Los actores que participan en la producción y tránsito de cocaína en América Latina han sido severamente combatidos con estrategias militares. Tal es el caso de Sendero Luminoso en Perú durante los años ochenta; el Cartel de Medellín y el Cártel de Cali en Colombia a principios de los noventa; los diversos cárteles mexicanos que han surgido las últimas tres décadas y; los grupos locales dedicados al tráfico de drogas en Centroamérica.

Sin embargo, la prohibición crea externalidades negativas. Estos son los incentivos para el crimen organizado que busca sortear las regulaciones estatales y obtener altos márgenes de ganancias de las actividades prohibidas.[6] El mercado global de la cocaína es muy atractivo para el crimen organizado y otros actores que buscan elevadas ganancias asumiendo un alto riesgo. Debido a su elasticidad y la disminución de precios en el mercado, el control de las rutas y ventas se vuelve fundamental para obtener ganancias de alto nivel.[7]

Las campañas antidrogas lideradas por agencias estatales, a corto plazo son exitosas y ocasionan grandes golpes a los grupos criminales. Sin embargo, a largo plazo, tienen un efecto contraproducente. Esto se debe a que las organizaciones criminales suelen sobreponerse hábilmente a los ambientes hostiles, que genera la constante persecución estatal. Los criminales se adaptan con rapidez a las situaciones adversas. Aprenden y buscan formas de innovar para cumplir sus objetivos. Algunos ejemplos son las innovaciones en métodos de tráfico de drogas o los cambios de rutas de tráfico donde existe una presión estatal.[8]

Los submarinos, un método adaptado por los traficantes de drogas en América Latina. Fuente: ABC.

Existen diversos debates sobre la “transnacionalización” de los grupos criminales. El sociólogo italiano Federico Varese considera que el crimen organizado es una empresa difícil de exportar y por lo regular permanece estacionario en su territorio de origen. Esto se debe a que más allá de sus dominios territoriales, es difícil monitorear a sus empleados, recolectar información sobre sus actividades y mantener su reputación. Sin embargo, la represión policial y guerras criminales en sus territorios de origen pueden obligar al crimen organizado a emprender la huida y trasplantarse en otro territorio.[9]

Por otro lado, se encuentra el concepto del “efecto cucaracha” usado en la literatura que explica el desplazamiento cuando los criminales al encontrarse sometidos a la presión policial en un territorio, buscan un refugio seguro en otra locación. Coincidiendo con Varese, más que una acción sobre la expansión de sus negocios, el efecto cucaracha es un mecanismo de supervivencia.[10] Esto explica el fracaso en las estrategias promovidas desde Estados Unidos en el combate a la producción y tránsito de drogas en América Latina.

Por su parte, Guadalupe Correa-Cabrera evidencia que en los últimos años, poderosas organizaciones criminales mexicanas como Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios han ejercido un nuevo modelo de negocios agresivo y expansionista similar al de una empresa transnacional. Contrario al de organizaciones criminales más tradicionales —limitadas a espacios territoriales específicos—, en este nuevo modelo de negocios, las organizaciones criminales usan la violencia indiscriminada y brutal para controlar los territorios y todas las ganancias que se puedan extraer de estas locaciones como: las rutas de tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, pirateria, robo de autopartes e hidrocarburos. Las organizaciones criminales buscarán expandirse a otros territorios para obtener nuevos mercados y mayores ganancias.[11]

Incluso declarar al crimen organizado como un problema de seguridad nacional es criticable y debe ser considerado más un asunto de seguridad pública. El crimen organizado no busca derrocar al Estado sino controlar enclaves territoriales subnacionales en busca de ganancias económicas. Cuando logra monopolizar el control de los enclaves, los niveles de violencia son bajos; sin embargo, cuando compite con otros grupos de crimen organizado o el Estado, será más probable que desplieguen la violencia para afirmar su hegemonía, defender y expandir su control local.[12]

Nuevo Laredo, México, un importante enclave territorial en el tráfico de drogas por su paso fronterizo con Estados Unidos, la etapa final del tráfico de drogas en América Latina. Fuente: El Sol de Tampico.

El nuevo paradigma de Estados Unidos en su relación con las drogas dentro de su territorio no ha logrado un cambio de opinión en su política exterior hacia América Latina en la “guerra contra las drogas”. Mientras dentro de su territorio prevalece una lógica de salud pública, descriminalización del consumo e incluso de la legalización de la cannabis, en América Latina aún prevalece una estrategia militar de combate a las organizaciones criminales.

Es necesario comprender varios puntos:

1. Las estrategias militares de Estados Unidos de combate a los actores que participan en el negocio de las drogas son parte importante de los niveles de violencia extremos que presentan México, Centroamérica, Venezuela, Colombia y el Caribe.
2. Justo la prohibición es el origen de los incentivos para que los actores criminales participen en el negocio del tráfico de drogas ya que al ser un bien prohibido y al ser los actores continuamente perseguidos con estrategias militares, esto genera elevadas ganancias para los que tienen éxito en este negocio ilegal.
3. El cambio de estrategia en la política nacional de drogas de Estados Unidos debería venir acompañado de un cambio de estrategia en su política exterior de drogas. La descriminalización del consumo dentro de su territorio debe implicar una amplia estrategia de pacificación en los países de América Latina. Los recursos militares usados para la persecución de estas organizaciones podrían ser mejor utilizados en estrategias de desarrollo para los países de América Latina.