El tráfico de Drogas en América Latina

El tráfico de drogas es un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben su comercio. En la Declaración sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros reconocieron la importancia de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas. La Asamblea General ha reconocido que: pese a que los Estados, las organizaciones competentes, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales siguen intensificando sus esfuerzos, el problema mundial de las Drogas socava la estabilidad socioeconómica y política de las naciones. (Organización de las Naciones Unidas, s.f)

En relación a la producción de estas sustancias, América Latina produce muchas de las consideradas más consumidas en el mundo. La región andina es el mayor productor mundial de coca y el mayor proveedor de productos derivados de la cocaína. Según Naciones Unidas, en los últimos años, los cultivos de coca en Colombia y Perú aumentaron entre un 3 y un 5 %, respectivamente, mientras que los cultivos en Bolivia disminuyeron un 12 %. (Arriagada y Hopenhayn, 2000).

La planta de amapola (donde se produce el opio y la heroína) se encuentra principalmente en Asia, pero también se cultiva y produce en pequeña escala en México, Guatemala, Colombia y Perú. Por otro lado según el Informe Mundial sobre las Drogas, los principales productores de cannabis en América Latina son México, Bolivia, Colombia y Paraguay.

En países como Colombia, Perú y Bolivia, los narcotraficantes utilizan a la población indígena y campesina para el cultivo de coca, marihuana, y amapola. Los 3 países mencionados son los principales productores de hoja de coca en el mundo con una producción anual estimada de 550 toneladas de cocaína al año, cabe mencionar que Colombia es el único de los 3 países andinos que presenta la característica de ser productor y exportador de tres de las principales sustancias narcóticas. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

Rutas

El principal problema que afecta a América Latina en materia de tráfico de drogas es la exportación de cocaína, dado que la totalidad de dicho producto se produce en la región. Se estima que la mitad de la producción total de cocaína de América del sur destinada a los mercados mundiales pasa por el Caribe, de ese total alrededor de un 35% va con destino a Estados Unidos, mientras que el 65% a Europa, pero en ambos casos la droga transita por el Caribe ya sea por vía marítima o aérea.

En la zona del Caribe existe un amplio intercambio comercial marítimo y aéreo entre Puerto Rico y toda una cadena geográfica donde convergen traficantes de diversas nacionalidades. Además, Puerto Rico y las islas vírgenes americanas son los puertos más cercanos de Estados Unidos, de esta forma la zona del Caribe sigue siendo la ruta más significativa para el transporte de drogas desde América del Sur a los Estados Unidos. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

La cocaína entra a clandestinamente a los mercados de Estados Unidos; algunas veces es llevada primero a México o a Canadá, desde dónde es más fácil transportarla a diferentes destinos. Desde Colombia la cocaína es enviada por vía aérea y marítima principalmente a los países de Europa y África (para su posterior distribución en Europa y el Mediterráneo), a Rusia y a países de la zona del Pacífico como Australia y Japón. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

En lo que respecta a Colombia, dada su condición bioceánica y su proximidad a las líneas de comunicaciones marítimas del Caribe y el océano Pacífico, reúne condiciones que resultan propicias para el tráfico de estupefacientes. Finalmente, Brasil ha sido explotado como país de tránsito, dada su gran red fluvial amazónica, el tamaño del territorio y, con ello, la disponibilidad de espacios de tránsito poco controlados.

La marihuana es la única droga cultivada en la región del Caribe y en los últimos cinco años han aumentado las incautaciones tanto de cocaína como de marihuana en la región de América central, con excepción de El Salvador. Haití que tiene una frontera semiabierta con la República Dominicana se ha convertido en el punto de tránsito más importante después de Puerto Rico. La cocaína llega a través de dos rutas principales: directamente desde Colombia o bien pasando por Panamá. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

En años recientes, se ha comprobado una modificación de las rutas seguidas por los traficantes que transportan la droga, inclusive colombianos han buscado la forma de radicar en Haití con el objetivo de establecer un centro de mando y control que opere de manera conjunta con la República Dominicana y Puerto Rico, como centros de importación, almacenamiento y exportación de drogas a los Estados Unidos, haitianos y dominicanos han pasado a ser importantes transportistas y manejan desde ahí sus operativos en la región del Caribe.

El aumento de la demanda de estas sustancias ha creado la necesidad de desarrollar nuevas y mejores rutas de exportación, con el objetivo principal de agilizar el comercio y disminuir los riesgos. Ocasionando que países como Brasil, Argentina, Venezuela y Chile cobren mayor presencia e importancia en el mercado del trafico de drogas.

El poder económico del trafico de Drogas

La economía de las drogas ilícitas en la región se muestra especialmente difícil de suprimir por cuanto resulta muy lucrativa para sus agentes, ya que genera una cantidad importante de empleo directo en actividades conexas e indirecto en lavado de dinero, y no tiene competencia en cuanto a la retribución que obtienen las personas que participan en estas actividades.

Las consecuencias económicas del problema de las drogas van desde el empleo en actividades ilegales vinculadas a la economía de las drogas ilícitas, hasta la pérdida de productividad y escolaridad por consumo de drogas y que, por lo tanto, tienen importancia para el desarrollo en la región.

El tráfico de drogas es de largo la actividad ilegal que mayor poderío económico representa internacionalmente, lo cual hace de este el motor financiero de las principales organizaciones criminales en el mundo. Es allí donde se cimienta el enorme poderío económico y la influencia en las estructuras sociales, políticas y económicas de los países afectados por tales organizaciones. (Pontón, 2013: 137)

Si bien, el comercio de sustancias ilicitas contribuye, en efecto, a la generación y a la expansión del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un determinado número considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes llevan a cabo en sus actividades lícitas e ilícitas.

Los principales grupos a los que el narcotráfico crea o mejora -directa e indirectamente- las posibilidades y niveles de empleo, ingreso y modo de vida, son los siguientes: a) Campesinos; b) Laboratoristas; c) Transportistas; d) Traqueteros (representantes de los narcotraficantes en Estados Unidos y otros mercados de exportación); e) "Mulas" o "burros" (hombres y mujeres correos, que llevan droga en vuelos comerciales entre ciudades y países); f) Sicarios, profesionales de la violencia (seguridad, defensa, ataque); g) Jóvenes disponibles para todo; h) Abogados para la representación y el consejo legales en problemas y conflictos suscitados por el tráfico clandestino y las inversiones lícitas; i) Contadores para registro y control de los ingresos, expertos financieros; j) Intelectuales, comunicadores, periodistas, escritores, profesionales de las ciencias humanas y sociales, expertos en relaciones públicas, para la defensa y apología del narcotráfico y sus jefes; k) Empleados en las redes de inversiones, propiedades y empresas legales de los narcotraficantes; l) Empleados en actividades comerciales y profesionales que satisfacen la demanda de bienes de consumo y servicios de los narcotraficantes, v. gr., arquitectos, decoradores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, deportistas, etcétera; m) Empleos e ingresos complementarios, provistos por un narcotráfico captador y corruptor de conciencias y voluntades, a políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados por sus responsabilidades y tareas en acciones y decisiones referentes al narcotráfico; n) Personal involucrado en las actividades de prevención y rehabilitación de drogadictos y en la represión de traficantes y consumidores. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016).

Pese al aumento sostenido en las capturas de drogas, a la detención de narcotraficantes, a la fumigación de cultivos y a la destrucción de grandes redes internacionales, el precio de las drogas para los usuarios permanece estabilizado o se mantiene a la baja, los problemas asociados al consumo de drogas no han disminuido, y la disponibilidad de drogas ilícitas en los mercados no se ha reducido. En los Estados Unidos el mayor mercado nacional de consumo de drogas ilícitas, si bien ha disminuido el número de consumidores eventuales, ha aumentado el número de consumidores crónicos, lo que implica un deterioro de la dimensión de sanitaria del problema. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

En las estimaciones respecto de la economía de las drogas, se calculan transacciones por alrededor de 500 a 600,000 millones de dólares al año. La fiscalización y penalización del blanqueo de ese dinero es parte de las políticas de control de los gobiernos nacionales, pero hasta la fecha los logros en este campo han sido reducidos. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

Vulnerabilidad Social

En cuanto a la vulnerabilidad social, el principal problema del consumo de drogas es que afecta principalmente a la población juvenil en todos los países de la región, en cualquier nivel socioeconómico, se ha observado incluso una mayor participación de los hombres que de las mujeres en su consumo. Y aunque afecta sin medid a cualquier sector de la población se ha observado que los jóvenes urbanos de sectores de bajos ingresos son los más vulnerables a los daños generados.

En el nivel local del narcotráfico ha destacado una creciente participación de mujeres de bajos ingresos y de menores, lo cual genera problemas judiciales y penales que no tienen precedentes. En zonas de baja presencia o control del Estado, el comercio de sustancias ilícitas constituye fácilmente una estrategia de supervivencia adoptada por mujeres con jefatura de hogar e incluso por personas de tercera edad de escasos recursos. Inclusive las personas de bajos ingresos terminan abandonando sus ocupaciones previas dado que el tráfico de drogas ilegales le provee ingresos sustancialmente mayores. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y estabilidad social. Entre los problemas que ocasiona su consumo podemos mencionar un deterioro fuerte de la autoestima, problemas graves de sociabilidad, afectación en el rendimiento escolar o laboral, llevando a la deserción y abandono del empleo, lo cual conlleva a problemas en el ambiente familiar ocasionando su desintegración.

En el contexto político internacional el tema del tráfico drogas ha ido adquiriendo peso y presencia, ocasionando que haya mayores acuerdos gubernamentales en esta materia. Los gobiernos han tomado medidas y formulado planes nacionales para reducir tanto la demanda como la oferta, colocando especial énfasis en el control de la producción y el tráfico de drogas, las campañas de comunicación y prevención, el fortalecimiento jurídico e institucional, y la mayor cooperación internacional para el control del tráfico de drogas y lavado de dinero.

En el contexto internacional históricamente, las políticas de drogas regionales han sido dictadas e impuestas por Estados Unidos, particularmente en la región andina y en México, y se han enfocado en la prohibición, militarización y la obstaculización de los flujos de tránsito. Respecto de las consecuencias sociales y políticas de la producción el tráfico y el consumo de drogas en América Latina lo que más destaca en la prensa son hechos de violencia y corrupción que suman el 88% de las emisiones noticiosas. En lo que a violencia se refiere la mayor cobertura se destina al tema de las bandas asociadas a la producción y tráfico de drogas, Colombia y México constituyen los principales focos noticiosos. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

En segundo lugar de cobertura aparece en los enfrentamientos entre presuntos narcotraficantes y agentes de Estados Unidos y la investigación de las llamadas narco tumbas, ambos hechos de violencia en los que se destaca la relación con agentes de Estados Unidos

La cobertura en el ámbito de corrupción e impunidad se refiere principalmente a situaciones que enfrentan Argentina, Brasil y México, en este tema la mayor cobertura se consagra a la institucionalidad política donde se observa mayor cobertura periodística, en el ámbito jurídico policial y militar la cobertura se ve reducida, sin duda el caso más emblemático y por tanto con mayor nivel de cobertura lo constituye el que afecta al Gobierno argentino en relación con la presencia de la familia del difunto Pablo Escobar en dicho territorio y su posible vinculación con el lavado de dinero. (Arriagada y Hopenhayn, 2000)

Como se observó en el presente articulo el tráfico de drogas, comenzó ha desarrollarse en el mundo por lo menos desde hace dos siglos, se ha ido instalando y avanzando en América Latina en las dos o tres últimas décadas. Lo ha hecho a partir y a través de la precursora y paradigmática experiencia de los países andinos, para extenderse luego hacia el Caribe, Centro y Sudamérica.

Constituido y centrado inicialmente en Colombia, pero luego y cada vez más con bases y ramificaciones en Perú y Bolivia, en otros países centro y sudamericanos y del Caribe, México incluido, su alta demanda ha provocado que los gobiernos han tomado medidas y formulados planes nacionales para reducir tanto la demanda como la oferta, colocando especial énfasis en el control de la producción y el tráfico de drogas, las campañas de comunicación y prevención, el fortalecimiento jurídico e institucional y la mayor cooperación internacional para el control de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La mayor focalización de la prevención y el tratamiento en grupos de mayor vulnerabilidad social, una mejor legislación que permita mayor eficacia de las acciones de control sobre la oferta de drogas y los delitos conexos son algunas de las acciones que el Gobierno ha realizado para controlar limitar y prohibir el uso de sustancias ilícitas. De igual manera las agencias internacionales, organismos públicos de distintos países han tomado un papel protagónico como impulsores y principales promotores de la laucha contra las drogas.