La Nueva Alianza para la Prosperidad

El jueves 29 de enero de 2015, el New York Times publicaba en su tradicional columna de opinión una colaboración titulada Joe Biden: A Plan For Central America donde el entonces vicepresidente de los Estados Unidos y ex senador demócrata, Joseph Biden, compartía su cosmovisión sobre los desafíos de Centroamérica.

Biden enfatizó que los países del Triángulo Norte no podían superar problemas tan arraigados como la delincuencia desenfrenada o la corrupción institucionales por sí mismos, ni mucho menos financiar programas suficientes para su atención. Las consecuencias de la omisión, reiteró, serían sentidas en todo el hemisferio.

La materialización de este análisis sería el Plan Alianza para la Prosperidad (PAPTN) una estrategia novedosa para Centroamérica que prometía atender las causas estructurales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras por medio dos ejes: la dinamización económica y el fortalecimiento de la seguridad.

La fórmula, sin embargo, fue en esencia la misma utilizada por el ahora presidente de los EE.UU como senador para el Plan Colombia; y con mucha certeza la misma de la próxima gran estrategia de Joe Bien para el Triángulo Norte.

Eso sí: un diálogo con pragmatismo enfocado en la gobernanza marca la dinámica con sus homólogos centroamericanos al son de la pérdida de liderazgo y el socavamiento del estado de derecho.

Motivos

El objetivo prioritario de la Alianza para la Prosperidad fue crear un ambiente propicio para las oportunidades económicas en el corto plazo.

En ello, pese a que la redacción fue encargada a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, estos fracasaron estrepitosamente en negociar la inclusión de temas claves para el bienestar de sus poblaciones.

De hecho, las críticas resaltan1 que, independientemente de la retórica diplomática, en la práctica la Alianza para la Prosperidad no atendió las verdaderas causas de la migración: la desigualdad en la distribución de riqueza, los altos niveles de violencia o la vulnerabilidad climática centroamericana.

Por su lado, la asignación de $750 millones para su ejecución y la robustez presupuestaria en los ejes económicos (dinamización, desarrollo del capital humano, atracción de inversiones2) respaldan que Estados Unidos tenía claro al menos tres temas con su implementación:

1. Abordar el lento crecimiento económico de los tres países (El Salvador, Honduras, Guatemala) a través del desarrollo de infraestructura e incremento de inversión privada.
2. Disminuir el alto margen de criminalidad e inseguridad pública en la región rápidamente con el fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad.
3. Diseminar responsabilidades políticas de la administración Obama sobre la crisis de menores migrantes de 2014 y los resultados fallidos de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad Centroamérica).

Mientras los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras observaron un nuevo apoyo para la cooperación para impulsar sus políticas internas.

Es lógico, por tanto, inferir que el PAPTN no trató las condiciones estructurales de la migración centroamericana porque ninguna de las dos partes -ni Estados Unidos ni el Triángulo Norte- buscó realmente este fin.

Déjà vu

En este sentido, la Alianza para la Prosperidad se entiende mejor como un flanker centralizado del Plan Colombia (PC).

El Plan Colombia fue una estrategia clave para la geopolítica de Estados Unidos en Sudamérica desarrollada desde 1999 hasta la actualidad que tampoco ha logrado unos de sus principales objetivos: reducir el flujo de narcóticos en la región.

“La región -América Latina- ha visto este tipo de transformación antes. En 1999, iniciamos el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, la pobreza absoluta y la corrupción institucional (…) Como uno de los arquitectos del Plan Colombia en el Senado de los Estados Unidos, vi que el ingrediente clave era la voluntad política sobre el terreno.”

Con críticas mixtas, hay algunos analistas como Angélica Durán Martinez que consideran que el PC "fue un éxito contrainsurgente finales pero un fracaso de política antinarcóticos".

Esto fue reafirmado en el informe del 20 de diciembre de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del congreso estadunidense donde, matizadamente, la comisión reconoció que el Plan Colombia falló en su política antinarcóticos.

Joe Biden ejerció como senador por Delaware desde 1972 hasta 2002. Su peso en la Cámara Alta fue determinante para la aprobación del Plan Colombia en 1999.

Cifras del UNSTAT muestran que algunos elementos claves para el éxito del PAPTN como la inversión extranjera directa (IEA) tampoco encontraron los resultados esperados en el caso centroamericano.

En los dos años que duró la Alianza, la IEA en el Triángulo Norte apenas alcanzó un máximo de mejora del 4% con respecto al año anterior de la formulación del plan, luego de dos déficits seguidos y una tendencia desigual en los tres países.

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD)[3](https://unctadstat.unctad.org/wds/ (consultado el 20-02-2021).

Posteriormente, la llegada de Donald Trump al Salón Oval y el enfoque personificado de su política exterior hacia Centroamérica (cooperación migratoria a cambio de impunidad) concluyó el desarrollo del PAPTN, dejando un estrecho margen de evaluación de dos años y medio.

¿Nueva Alianza para la Prosperidad o Plan Triángulo Norte?

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces: además de la pandemia; la incapacidad del Estado para dar respuestas a demandas sociales se produce en un momento en que los procesos de integración regional y la confianza en la democracia pasan por su peor momento4.

El proceso irregular de elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad en Guatemala o el análisis de reformas constitucionales relacionadas al sistema político en El Salvador son apenas unos ejemplos de la deformación democrática en proceso.

Defender el Estado de derecho, por tanto, será un nuevo eje para Estados Unidos. En ello, la administración Biden ha dado señales de tener presente, al menos, cuatro lecciones del primer PAPTN:

1. La inversión y la voluntad política es insuficiente si la corrupción institucional prevalece. Este será el centro de las decisiones y la política exterior estadounidense hacia Centroamérica. Una comisión pívot y las embajadas (en ausencia de la CICIG y la MACCIH) orbitarán este punto.
2. Explotar las herramientas existentes. Estados Unidos no se detendrá en crear nuevas herramientas en lo económico y comercial. La exigencia de compromisos del DR-CAFTA, la liberación de barreras para la inversión, y el rol del BID junto al FMI repetirán.
3. Los resultados estratégicos deben ser medibles y verificables. Sin resultados tangibles; diagnosticar y defender públicamente el "éxito" del plan tanto en el exterior como el congreso estadounidense es imposible.
4. El diálogo con otros actores internacionales es primordial. Para evitar más desmantelamientos al Estado de derecho centroamericano, Estados Unidos observa a la prensa y las organizaciones de la sociedad civil como alternativas ejecutivas para la gobernanza.

La dicotomía estadunidense pasa entonces por las formas. Retomar una estrategia cortoplacista puede que contenga las malas prácticas democráticas y garantice una recuperación económica más acelerada; pero no atenderá -de nuevo- el problema migratorio (Nueva Alianza para la Prosperidad).

Por otro lado, el diseño de un nuevo plan a mediano plazo puede que no justifique -en principio- la apuesta en Centroamérica, pero, de realizarse con transparencia e inclusión, cambiará sustantivamente el rumbo de una región hundida en la improvisación (Plan Triángulo Norte).

En ambos casos, el elemento económico-comercial y el apoyo del Congreso jugarán un papel preponderante. Los actores internacionales centroamericanos -no únicamente las cancillerías- tendrán que negociar como aliados la atención de las necesidades de sus poblaciones: los altos índices de desigualdad, la aún más profundos de pobreza, y la alta vulnerabilidad climática.

La crisis de menores migrantes no acompañados de 2014 generó el desarrollo del PAPTN. Este buscó crear oportunidades económicas a corto plazo. Fuente: UNICEF México

Hasta ahora, los funcionarios y asesores como la subsecretaria del WHA Julie Chung o Juan González del NSC han mostrado un diálogo rodeado de pragmatismo5 más propio de la "Nueva Alianza" que del "Plan":

"El presidente se ha comprometido a ayudar a Centroamérica con un proyecto de 4 mil millones de dólares durante los cuatro años de su mandato, pero eso no va a tener ningún impacto sin la voluntad política de los gobiernos para tomar acciones (...) El líder que esté listo para tomar acción en ese tema de forma seria tendrá en Joe Biden un aliado".

Juan González, asesor senior del Consejo de Seguridad Nacional

De hecho, los tópicos ambientales, aún tras el regreso estadounidense al Acuerdo de París y el profundo impacto de los huracanes Eta e Iota en dos Guatemala y Honduras no han encontrado vinculación en las comunicaciones oficiales hasta la fecha.

Únicamente en el caso de Honduras ambas tormentas representaron más de $10,000 millones en daños sumando a los $2,500 en pérdidas por la pandemia o un 10% del PIB hondureño, según el estudio de impacto de la CEPAL.

Convergencia

En función de una agenda más inclusiva, El Salvador, Guatemala y Honduras tendrán coordinar su política exterior para fortalecer su posición común: México, por cercanía y mercado, representa la segunda relación más importante para los tres países.

Además de las relaciones afectuosas e históricas que los unen, México forma parte importante de la discusión multilateral del tema migratorio y de la dinámica comercial centroamericana colocándose entre los primeros cuatro socios comerciales de los tres países6.

En este sentido, los países del Triángulo Norte encuentran un aliado natural con quién promover agendas propias y de interés común al tiempo que se reintegran recíprocamente a la economía mundial.

Por su parte, las sociedades civiles contarán con una comunicación privilegiada con el congreso estadunidense.

Representantes y senadores en puestos claves en los Comités de Relaciones Exteriores y de Apropiaciones del Congreso (claves para la aprobación de cooperación) como Jeff Merkley, Norma Torres o Patrick Leahy han demostrado ir más allá de la retórica diplomática:

En apenas tres meses, el ala demócrata ha logrado la suspensión de financiamiento militar a El Salvador, Honduras y Guatemala; la aprobación del listado Engel para la revocación de visados; y la propuesta de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras de 2021

La Nueva Alianza para la Prosperidad representa un desafío mutuo. Tanto Estados Unidos como El Salvador, Guatemala, México y Honduras tienen que trabajar en conjunto por una política que satisfaga las crudas realidades económicas y sociales de sus poblaciones en el nuevo escenario internacional.

Lograrlo conlleva un esfuerzo colosal; pero no discutirlo implicará certeramente otra década de crisis e irrelevancia para el hemisferio.