Situación Ucrania-Rusia en Naciones Unidas: ¿intervención militar o combate a genocidio?

En su declaración del 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin refirió que el genocidio que tiene lugar en el Donbás fue una de las razones para su intervención militar en Ucrania (sin mencionar que la tensión entre Ucrania y Rusia tiene mayores antecedentes). Asimismo, mencionó que dicha región acudió a Rusia por ayuda. En consecuencia, Putin clamó que su “operación militar especial” en el Donbás se realizaría de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas[1], así como de acuerdo con los Tratados de Amistad y Asistencia Mutua concluidos entre Rusia y las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk.[2]

¿Cuál fue la respuesta de los órganos políticos de Naciones Unidas?

El 25 de febrero de 2022, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS) votó para la aprobación de una resolución bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión) que exigía a Rusia retirarse inmediata, total e incondicionalmente del territorio de Ucrania. Sin embargo, la propia Rusia hizo valer su membresía en el CS y votó en contra de la resolución.[3]

Dentro del sistema de Naciones Unidas, el veto de uno de los cinco miembros permanentes del CS (Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, China y Rusia) es suficiente para evitar la emisión de una resolución. En este caso, once países votaron a favor: Albania, Brasil, Gabón, Ghana, Kenia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, México y Noruega; tres se abstuvieron: China, India y los Emiratos Árabes Unidos; y, sólo Rusia votó en contra.

En respuesta a lo anterior, el CS aprobó la resolución 2623 (2022) del 27 de febrero de 2022, en la cual convocó a una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas (AG) para que se pronunciara sobre la situación. El 2 de marzo del mismo año se emitió la resolución A/RES/ES-11/1, en la que la AG demandó a Rusia que cesara el uso de la fuerza contra Ucrania, así como que inmediata, completa e incondicionalmente retirara sus fuerzas militares del territorio ucraniano. De la misma manera, le demandó retractarse sobre el reconocimiento de la independencia de las provincias Luhansk y Donetsk.[4]

Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia

Ucrania inició procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia el 26 de febrero de 2022. El país europeo refirió que el reconocimiento de la independencia de Luhansk y Donetsk, así como la “operación militar especial”, constituían actos ilícitos rusos en el derecho internacional. Lo anterior debido a que, tras una serie de declaraciones hechas por el gobierno ruso, Ucrania interpretó que Rusia basaba sus acciones en la supuesta comisión de genocidio en las citadas provincias.[5]

En consecuencia, Ucrania alegó que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no autorizaba a Rusia de ninguna forma a actuar de esa manera. Igualmente, el mismo día el país demandante solicitó a la Corte que dictara medidas provisionales en el caso, con base en el Artículo 41 del Estatuto de la Corte.[6] Empero, Ucrania no anticipó una defensa ante la posibilidad de que la intervención militar rusa constituyera un acto de legítima defensa con base en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que podría ser la postura más probable de Rusia.

Ucrania solicitó cuatro medidas, a saber: que se suspendiera la operación militar rusa iniciada el 24 de febrero de 2022; que se detuviera cualquier actividad regular o irregular en soporte de la operación militar antes mencionada, ya sea por conducto directo o indirecto; que Rusia se abstuviera de tomar acciones que agravaran o extendieran la disputa; así como que proveyera un reporte a la Corte sobre la implementación de las medidas provisionales.

Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia emitió su decisión sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por Ucrania, la cual fue aprobada. Al respecto, para dictar medidas provisionales, la Corte debe corroborar tres aspectos: 1) que tenga jurisdicción prima facie[7] para dictar las medidas provisionales; 2) la existencia plausible de los derechos que se busca proteger con la indicación de medidas provisionales y su vínculo con las medidas solicitadas; y, 3) la urgencia de dictar las medidas debido al riesgo que corren los derechos involucrados.

En primer lugar, Ucrania alegó que el artículo IX de la Convención sobre genocidio proveía la base jurisdiccional para la institución del procedimiento. La Corte concedió este supuesto, considerando la existencia de jurisdicción prima facie en este caso, al estimar la existencia de una disputa entre ambos países respecto de la aplicación, interpretación o cumplimiento de la Convención.

En segundo lugar, el Estado demandante adujo que buscaba proteger su derecho a no ser sujeto de un reclamo falso de comisión de genocidio, así como a no ser sometido por las operaciones militares de otro Estado que fundamentara su acción en el artículo I de la Convención sobre genocidio (obligación de prevenir y sancionar el genocidio). Sobre el particular, la Corte determinó que, en efecto, era plausible el derecho a no ser sometido a las operaciones militares de Rusia con el propósito de prevenir o castigar un supuesto genocidio en el Donbás.

Asimismo, la Corte encontró satisfecho el requisito de vínculo entre los derechos alegados por el país solicitante y las medidas provisionales buscadas, pues la petición de la suspensión de la operación militar rusa en Ucrania y cualquier apoyo regular o irregular a la misma se relaciona naturalmente con lo argumentado por el Estado demandante. De igual forma, las medidas restantes se relacionan con los derechos aducidos, al pretender evitar que la disputa se agrave o extienda.

En tercer lugar, el requisito de urgencia se cumplió debido a que el ataque realizado por Rusia en territorio ucraniano es de tal naturaleza, que puede causar daño irreparable, tanto por los daños a la vida humana como a la propiedad y al medio ambiente. Por lo tanto, hay un riesgo real e inminente de que la operación militar especial rusa cause perjuicio a los derechos de Ucrania en el presente caso antes de que la Corte pueda llegar a una decisión final sobre el fondo del asunto.

En consecuencia, en ejercicio de su discreción para indicar las medidas más apropiadas, la Corte adoptó tres de las medidas solicitadas por Ucrania y rechazó una (que Rusia proveyera un reporte a la Corte sobre la implementación de las medidas provisionales). Las primeras dos medidas sobre la suspensión de la operación militar y cualquier apoyo regular o irregular a dicha operación fueron aprobadas por 13 votos a favor y 2 en contra (vicepresidente Gevorgian de Rusia y Jueza Xue de China). Mientras que, la tercera medida, sobre evitar agravar o extender la disputa, se aprobó unánimemente.

¿Qué pasará con el caso de Ucrania contra Rusia en la Corte?

Sobre si la intervención militar en Ucrania está justificada o no como combate al genocidio es algo que la Corte determinará en una fase posterior del procedimiento, pues la orden de medias provisionales no prejuzga sobre el fondo del caso. En ese sentido, para resolver la cuestión se deberán abordar dos puntos: si los actos de Ucrania en el Donbás constituyen genocidio y, de configurarse, si la Convención sobre genocidio autorizaría el uso de la fuerza para prevenir o castigar genocidio fuera de su territorio. Mientras tanto, es dubitable que Rusia acate las medidas dictadas por la Corte, partiendo de que en principio se negó a participar en el procedimiento.