¿Qué son los Estados Fallidos?

La interminable guerra en Siria, la hambruna histórica en Yemen y la profunda crisis humanitaria de Somalia han puesto en evidencia la insuficiencia de los Estados para enfrentar problemas que amenazan su seguridad, así como la fragilidad del orden mundial contemporáneo. Estos países son parte de los denominados Estados Fallidos, concepto que a dos décadas de su aparición sigue teniendo una definición poco clara y confusa que incluso ha sido etiquetada como ‘peyorativa’.

Durante la guerra fría el mundo fue testigo de un enfrentamiento estratégico e ideológico entre occidente y oriente. Con el objetivo de ampliar sus influencias sobre países e impedir que estos formasen parte del bloque contrario, Estados Unidos y la Unión Soviética proporcionaron ayuda a Estados ubicados principalmente en África del Norte y Asia Occidental y el Sureste Asiático. Con esta ayuda muchos Estados se mantuvieron en pie por un periodo considerable de años, por ejemplo, Somalia fue uno de los países que más ayuda militar y económica recibió de EE. UU. en la región.[1]

El fin de la guerra fría y la aparición de Estados Fallidos tienen una relación causa-efecto. El sistema internacional de la posguerra fría significó un reto para los gobiernos de muchos países puesto que al no recibir ayuda externa eran incapaces de ejercer su soberanía y mantener su estabilidad social y económica. En este contexto aparecen los Estados Fallidos cuya conceptualización, como otros fenómenos complejos, fue necesaria para poder entenderlos a profundidad. Desde entonces, el término ha estado presente en diversas investigaciones que han debatido no solo la veracidad de lo que generalmente se aceptaba como Estado Fallido, sino también la posibilidad de utilizar otras expresiones con significados semejantes como intercambiables: Estados en crisis, Estados vulnerables, Estados en descomposición o Estados colapsados.

En este sentido, es importante resaltar los aportes de Gerald B. Helman y Steven R. Ratner, quienes fueron los primeros en escribir sobre este término. Su artículo ‘Saving Failed States‘ publicado en la revista Foreign Policy en 1992 [2] presenta un mecanismo para ‘salvar’ a lo que ellos describieron como Estados fallidos, esto es, entidades donde el gobierno ha colapsado. En aquel momento Liberia, Camboya y, sobre todo, Somalia eran el objeto central de su estudio.[3]

Para Helman y Ratner los estados fallidos son entidades que han fracasado en el cumplimiento de sus funciones, lo cual imposibilita su actuar con independencia.[4] Por otra parte, William Zartman considera que un Estado ha ‘colapsado’ cuando ha dejado de atender sus funciones básicas. A diferencia de los anteriores, desarrolla una idea más amplia del fracaso estatal basándose en la teoría del contrato social de Hobbes[5]. Para Rotberg, los estados fracasan debido a que están convulsionados por la violencia interna, además de que sus gobiernos han perdido legitimidad y la naturaleza misma del Estado-nación en particular se vuelve ilegítima ante los ojos de sus ciudadanos.[6]

Pese a que no se ha logrado tener un concepto que esté libre de ambigüedades, es posible afirmar que existe un punto en donde están de acuerdo. Tomando como referencia a Max Weber, los investigadores enfatizan que los Estados Fallidos son aquellos que han perdido completamente el monopolio de la violencia legítima sobre sus territorios. Para Weber, el monopolio de la violencia es una característica primordial del Estado – al cual lo define como aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el ‘territorio’ es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (Weber, 1998, p. 82).

¿Cuáles son los indicadores que debemos considerar para calificar a un Estado como ‘Fallido’?

Claramente no existe una respuesta concreta. Dicha condición es el resultado de un proceso de corto o largo plazo que abarca ciertos factores tomados en cuenta por algunos e ignorados por otros al momento de categorizar a un estado como ‘fallido’. López Martin, enfatiza la confluencia de cuatro elementos fundamentales que distinguen a un Estado fallido:

1. La ruptura de la ley y el orden producido cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos (o, peor aún, son utilizadas para oprimirlos o atemorizarlos).

2. La escasa o nula capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos, proveer servicios públicos básicos y asegurar las condiciones mínimas de bienestar y de funcionamiento de la actividad económica normal.

3. La ausencia de entidad creíble que represente al Estado ad intra frente a sus ciudadanos; ad extra más allá de sus fronteras.

4. Como consecuencia de lo anterior o, precisamente causa de ello, asentamiento de grupos armados, cárteles, mafias, milicias, señores de la guerra que son quienes realmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza y actúan, en general, en sustitución del Estado. [7]

Para entender el término y hacer un uso adecuado del mismo se debe remarcar la ‘confluencia’ que López Martin tanto enfatiza. Por ejemplo, un candidato a la presidencia de Perú afirmó en una de sus declaraciones que el Estado peruano era un ‘Estado Fallido’ por su ineficiencia en la compra de vacunas contra el COVID-19. No se debate el débil papel del Estado peruano en la toma de decisiones para responder a una necesidad urgente de la ciudadanía, como son las vacunas, pero es totalmente incorrecto denominarlo Estado Fallido sólo por ese elemento, puesto que a lo largo del país este mismo mantiene su poder político y hegemonía sin compartirla con otra unidad. Por el contrario, en países como Yemen y Somalia, a la débil respuesta a los servicios básicos (con índices de incapacidad muy por encima de Perú) se le suma la constante inseguridad provocada por grupos que se disputan el poder. Al ocurrir al mismo tiempo han dado como resultado fallas graves del Estado.

Sin lugar a dudas, la fuente mas reconocida a nivel mundial es el ‘Indice de Estados Fallidos’ que publica el Think-Tank estadounidense Fund for Peace (FFP) en la revista Foreign Policy desde el 2005. La FFP considera su índice como una herramienta fundamental para resaltar no sólo las presiones normales que experimentan todos los estados, sino también para identificar cuándo esas presiones están empujando a un estado al borde del fracaso. [8]

La metodología usada por la FFP se basa en la crítica a conjuntos de datos cuantitativos, análisis de contenido y análisis cualitativos de expertos, de esa forma, obtienen los puntajes finales a los 178 países evaluados. La clasificación de dichos países consiste en 12 indicadores divididos en 4 grupos.[9]

Indicadores económicos

Parte de preguntas como, ¿Qué nivel tiene la deuda pública? ¿Cuál es el nivel de productividad?, entre otras. Así, el indicador de declive económico analiza las respuestas a las condiciones económicas y sus posibles consecuencias. Se centra tanto en la economía formal como en el comercio ilícito incluido el tráfico de drogas. Sumado a esto, el indicador de Desarrollo económico desigual analiza la desigualdad estructural que se basa en el grupo (como la raza, la etnia, la religión u otro grupo de identidad) o en la educación, la situación económica o la región (como la división urbano-rural). Por último, el indicador de ‘fuga de cerebros’ plante medir específicamente el impacto económico que el desplazamiento puede tener en una economía a través de la pérdida de mano de obra profesional calificada y productiva. Considera la emigración voluntaria de la clase media, y el desplazamiento forzado de profesionales o intelectuales.

Indicadores sociales

El indicador de presiones demográficas, considera las presiones sobre el Estado derivadas de la propia población. Las presiones están relacionadas con el suministro de alimentos, el acceso al agua potable y también la prevalencia de enfermedades y epidemias. Los refugiados y desplazados internos es otro parámetro, el cual mide el desplazamiento forzado por diversas causas. Hace referencia a que el flujo de población puede ejercer una presión adicional sobre los servicios públicos convirtiéndose así en un desafío humanitario para el Estado. También se encuentra el indicador de intervención externa, en este punto se toma en cuenta el impacto de los actores externos (ejércitos, gobiernos, servicios de inteligencia) en los asuntos internos de un estado. Se enfoca también en el apoyo económico externo como por ejemplo prestamos o ayuda humanitaria externa por parte de organizaciones multilaterales.

Indicadores políticos

A través del indicador de legitimidad del Estado se pone a prueba la representatividad y apertura del gobierno. Evalúa los niveles de confianza de la población en las instituciones estatales y toma en cuenta también la integridad de las elecciones y el desarrollo de las transiciones políticas. También se incluye al Indicador de Servicios Públicos el cual alude a la capacidad de los Estados para proveer servicios esenciales como salud y saneamiento, y la protección a sus ciudadanos de amenazas como el terrorismo o violencia. Por último, con el indicador de derechos humanos y estado de derecho se intenta hacer un seguimiento a los abusos de derechos humanos y los brotes de violencia contra los civiles. Este indicador analiza las probabilidades del desarrollo de un gobierno autoritario actual o que puede emerger en un futuro cercano. [10]

En 2020 se analizaron 178 países. A continuación se muestra la lista de los 10 países que obtuvieron los peores puntajes.